Agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas se enfrentan a manifestantes en las protestas de abril de 2017
Agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas se enfrentan a manifestantes en las protestas de abril de 2017 - Afp

La Corte Penal Internacional abre en Venezuela examen preliminar por «graves abusos» a opositores

La Fiscalía de la CPI analiza la «fuerza excesiva» empleada por la Policía durante las manifestaciones

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La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha abierto un «examen preliminar» sobre Venezuela por el empleo de «fuerza excesiva» por la policía para «dispersar y reprimir manifestaciones» del pasado año, así como los «graves abusos» cometidos sobre los detenidos.

De acuerdo con un comunicado de la fiscal Fatou Bensouda emitido por la institución este jueves, este «examen preliminar de la situación en Venezuela» analizará cometidos supuestamente cometidos en este país al menos desde abril de 2017, en el contexto de las protestas y agitación política que se produjeron a partir de entonces.

En concreto, señala, se ha denunciado que las fuerzas de seguridad venezolanas con frecuencia han usado «fuerza excesiva para dispersar y remprimir manifestaciones» y han «arrestado y detenido a miles de miembros de la oposición, reales o percibidos como tales», una parte importante de los cuales han sido supuestamente sometidos a «graves abusos y maltratos durante la detención».

Así mismo, la Fiscalía de la CPI apunta que han sido denunciados que algunos grupos de manifestantes recurrieron a «medios violentos», con el resultado de «algunos miembros de las fuerzas de seguridad heridos o muertos».

En su día, la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano alertó de la muerte de al menos 92 personas y de la detención de más de 3.600 durante las manifestaciones que se desataron en abril del pasado año contra la deriva dictatorial del régimen de Nicolás Maduroen.

La Fiscalía de la CPI también ha abierto expediente sobre la situación en Filipinas, donde analizará los delitos supuestamente cometidos desde al menos el 1 de julio de 2016 en la «guerra contra las drogas» lanzada por el gobierno de Rodrigo Duterte. En concreto señala miles de personas han sido muertas por razones relacionadas con su supuesta implicación en el uso o tráfico ilegal de estupefacientes.

Revisión «cuidadosa, independiente e imparcial»

Fatou Bensouda indica que, desde 2016, ha estado siguiendo de cerca las situaciones en estos países, ambos sometidos al Estatuto de Roma. La apertura del «examen preliminar» sobre cada uno de ellos se produce tras una revisión «cuidadosa, independiente e imparcial» de una amplia cantidad de comunicaciones e informes que documentan presuntos delitos que potencialmente pueden entrar en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

Bajo el Estatuto de Roma, explica, son las jurisdicciones nacionales las que tienen la primera responsabilidad de investigar y perseguir a los responsables de delitos internacionales. La fiscal subraya que un «examen preliminar» no es una investigación, sino un proceso de examen de la información disponible para llegar a una decisión plenamente informada acerca de si hay una base razonable para proceden con una investigación conforme a los criterios establecidos por el Estatuto de Roma. En este sentido, precisa, bajo el artículo 53.1 de este estatuto, debe considerar cuestiones de jurisdicción, admisibilidad y los intereses de la justicia en la toma de esta decisión.

De conformidad con el principio de complementariedad, que considera una «piedra angular» del sistema legal del Estatuto de Roma, y en el marco de este examen preliminar, la fiscal de la CPI asegura que su oficina entablará contacto con las autoridades nacionales para tratar y valorar una investigación significativa a nivel nacional.

Bensouda también indica que, en el «ejercicio independiente e imparcial» de su mandato, su oficina también tomará en consideración todos los puntos de vista que se le trasladen en el curso de los exámenes. Aclara, además, que no existen cronogramas sobre la duración de estos análisis preliminares. Dependiendo de los hechos y las circunstancias de cada situación, expresa, «decidirá si inicia una investigación, sujeta a revisión judicial como corresponde; continuar recabando información para establecer una base factual y legal suficiente para tomar una decisión, o rechazar iniciar una investigación si no hay una base razonable para proceder».

Tras la apertura del expediente por parte de la Corte Penal Internacional, la fiscal general de Venezuela depuesta por sus críticas el régimen de Maduro, Luisa Ortega, «saludó» a través de Twitter el inicio por la CPI de lo que considera un examen preliminar «sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos durante las protestas de 2017» en el país, tal como, según recuerda, ella denunció ante ese organismo el pasado 16 de noviembre, cuando presentó «más de 1.690 pruebas que sustentan el caso».

La abogada venezolana de derechos humanas de Tamara Suju, actualmente en el exilio y que ha llevado hasta la Corte Penal informes sobre numerosos casos de torturas y listados de presuntos responsables del régimen por ellas, ha replicado a Ortega, también mediante Twitter, que «no es el inicio de un examen preliminar por actor ocurridos por protestas 2017», sino por «crímenes cometidos desde el inicio del régimen de Nicolás (Maduro)». En este sentido, recuerda a la fiscal depuesta que ella también está «denunciada como cadena de mando» por su «complicidad, accion e inacción». «No te lavarás tan facil la cara», le advierte en su mensaje.

La decisión de la Fiscalía de la CPI de abrir expediente sobre la situación en Venezuela se conoce el mismo día en que el Parlamento Europeo ha reclamado ampliar las sanciones impuestas por la UE a altos cargos de Venezuela, incluido Maduro, y ha condenado la expulsión del embajador español en Caracas, Jesús Silva.