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Chile concede asilo a cinco magistrados venezolanos designados por la oposición

Los 33 jueces legítimos viven perseguidos en la clandestinidad, unos en el exilio y otros en la cárcel

El ministro de Relaciones Exteriores chileno, Heraldo Muñoz EFE
Ludmila Vinogradoff

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Este martes se cumplió un mes de la designación oficial de los 33 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de justicia , a los que el régimen de Nicolás Maduro se encargó de expulsar y aplastar. Cinco de los jueces afectados recibieron este martes asilo del gobierno de Chile después de haberse refugiado en la Embajada chilena en Caracas.

El otorgamiento de asilo lo anunció el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, «como es de conocimiento público, desde hace algunas semanas, cinco ciudadanos venezolanos que tenían la condición de magistrados elegidos por la Asamblea Nacional han estado en calidad de huéspedes en la residencia de nuestra embajada en Caracas».

Los beneficiarios son los magistrados Elenis del Valle Rodríguez Martínez, Luis Manuel Del Valle Marcano Salazar, José Fernando Núñez Sifontes, Beatriz Josefina Ruiz y Zulema Del Valle.

La mayoría de los jueces, nombrados por la Asamblea Nacional, vive en clandestinidad debido a la cacería ordenada por Maduro en el exilio o refugiados en embajadas latinoamericanas y otros en los sótanos del Sebin, la tenebrosa policía secreta, que es el terror de los 676 presos políticos venezolanos.

Hace 30 días cuando fueron designados y juramentados en asamblea pública en la Plaza Alfredo Sadel de la caraqueña urbanización Las Mercedes, nadie se imaginó que el acto iba a terminar en una frustración colectiva. Lo que debió ser un día de celebración y motivo de orgullo en la carrera de un jurista se convirtió 24 horas después en una pesadilla de la que ninguno ha podido escapar.

En ese momento la oposición vivía una oleada de protestas antigubernamentales contra la ruptura del hilo constitucional que había iniciado el tribunal supremo, brazo jurídico de Maduro. La dura represión contra las protestas había dejado unos 126 muertos, cientos de heridos y detenidos.

El parlamento, controlado por la oposición, decidió nombrar entonces a los 33 magistrados que habían concursado con sus credenciales y experiencia seis meses atrás, cumpliendo todos los requisitos exigidos por la constitución .

El primero en caer preso fue el juez Angel Zerpa . Desde entonces permanece preso el primer día le mantienen encerrado en un baño del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional). Como protesta se puso en huelga de hambre y la familia teme que su estado de salud se complique.

El juez Zerpa ha perdido más de 10 kilos con la huelga de hambre. «Está en condiciones muy deplorables, no lo dejan verlo, ni siquiera a sus familiares. Su salud es delicada y se está desestabilizando», cuenta el diputado Carlos Berrisbeitía. También se encuentran detenidos los jueces Zuleima González y Jesús Rojas Torres

El diputado Berrisbeitía lamenta que los 33 magistrados «cuentan con orden de captura. No se le ha abierto ningún tipo de proceso judicial ni posibilidad de defender sus derechos que han sido violados por la justicia chavista».

Tras ser nombrados por la Asamblea Nacional, los bienes y las cuentas bancarias de los magistrados han sido congeladas. «Han violado sus derechos humanos. Como abogados sabían los riesgos. Ellos piensan seguir resistiendo. El problema lo tiene Maduro, que está quedando aislado», dijo Berrisbeitía.

El resto de los magistrados se exiliaron bien en Colombia como es el caso de Gonzalo Oliveros, Rafael Ortega, Gonzalo Álvarez, Rubén Carrillo, Evelin de D’Avolio, Cioly Zambrano, Rommel Gil, José Luis Rodríguez, bien en Estados Unidos en el caso de los jueces Miguel Ángel Martín, Alejandro Rebolledo, Antonio Marval, Ramsis Ghazaoui, Domingo Salgado, Thomas Alzuru, Pedro Troconis, Cruz Alejandro Graterol y Gabriel Calleja. Los magistrados continuan su trabajo desde fuera de las fronteras venezolanas con el objetivo para restituir la Democracia, la Justicia y Libertad de Venezuela y de todos los presos, perseguidos y asilados políticos.

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