Crece el número de empresarios venezolanos en detención ilegal

Este jueves, Roig emprendió viaje a Ginebra para defender ante la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) su denuncia de detenciones ilegales de empresarios, coacciones e incautación de negocios. La detención ilegal de grandes empresarios ha llevado al director general de la OIT, Guy Ryder, a enviar una carta a la ministra de Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la que tuvo acceso este periódico en la que expresa su «profunda preocupación» por estos arrestos, así como por la incautación de comercios.

El presidente de la patronal venezolana es muy explícito sobre la atmósfera de terror imperante: «Los empresarios tienen miedo porque son sometidos al escarnio público por televisión por presunto acaparamiento y especulación. Sienten pánico y horror de caer presos en unas cárceles denunciadas por las violaciones de los derechos humanos », asegura Jorge Roig.

Los primeros en ser represaliados a través de la ley de «Precios Justos» fueron los hermanos Ángel, Servando, José Eduardo y Félix Herrera, que huyeron a España en cuanto se enteraron el pasado 12 de enero de que el vicepresidente Jorge Arreaza los iba a encarcelar. La confiscación (sin indemnización) de Distribuidora Herrera Compañía Anónima, que la familia fundó en 1994 para distribuir alimentos y productos de higiene en todo el país, contaba con una nómina de 600 trabajadores.

Los hermanos Herrera pudieron huir a España, pese a la orden de captura que pesaba sobre ellos, pero sus empleados no pudieron escapar. La administradora, Mary Perdomo, fue encerrada en la cárcel de Uribana en Maracaibo, estado Zulia, acusada de presunto «boicot y asociación para delinquir». Existe asimismo una orden de captura contra otros once empleados de la Distribuidora Herrera.

Jorge Roig explica que los detenidos se exponen a una pena de entre 5 y 12 años de prisión, según el delito imputado a los empresarios. Varios de los empresarios detenidos han sido encarcelados en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde también son encerrados los estudiantes y críticos del régimen.

«Desde el año 2003 el Gobierno venezolano ha violado sistemáticamente los convenios internacionales y nosotros lo hemos denunciado reiteradamente, pero ahora se están pasando de la raya amarilla y roja con esta ola de arrestos», asegura. «No en balde los informes mundiales sobre actividad económica y transparencia colocan a Venezuela en el puesto 184 de entre 189, junto a países como Haití, así nadie viene a invertir», concluye Roig.