En busca de Justicia para los crímenes cometidos en la República Centroafricana
El Parlamento local debate la creación de una corte encaminada a juzgar las violaciones que sacuden al país en los últimos dos años
El Parlamento interino de la República Centroafricana debatirá en los próximos días la creación de un Tribunal Penal Especial, encaminado a juzgar los presuntos crímenes contra la humanidad que se han ido desarrollando en el país desde el inicio del conflicto actual, hace ya más de dos años.
La audiencia, que trabajaría de forma complementaria a la Corte Penal Internacional, estaría compuesta por 27 jueces (14 nacionales y 13 internacionales), integrados en el sistema legal centroafricano, en una proyecto de ley que cuenta con el apoyo de hasta 19 organizaciones .
En marzo de 2013, un golpe de Estado del grupo insurgente Seleka, quien se había alzado en armas tres meses antes, provocaba la salida del país del presidente François Bozizé y abría un conflicto político en el país africano. Entonces, el movimiento Seleka -un paraguas rebelde formado por facciones disidentes de la Unión de Fuerzas Democráticas para la Integración (UFDR), la Convención de Patriotas para la Justicia y la Paz (CPJP) y el Frente Democrático de los Pueblos de África Central (FDPC)- contaba con una base operativa cercana a los 3.000 miembros.
Sin embargo, huidos los soldados de fortuna que componían sus fuerzas (mercenarios originarios de Chad y Sudán, quienes aterrizaron en el conflicto bajo la promesa de ser recompensados con las ingentes reservas que dispone el país), son ahora las milicias anti-balaka (patrullas urbanas que se han tomado la justicia por su mano), quienes claman venganza contra todo lo que es musulmán.
Desplazamientos y niños reclutados
Se estima que desde el inicio del conflicto actual, hace casi dos años, cerca de un millón de personas han sido desplazadas por la violencia. Es decir uno de cada cinco habitantes de República Centroafricana. Pero hay otros números también a tener en cuenta:
Por ejemplo, cerca de 10.000 menores edad han sido reclutados por las fuerzas en conflicto. De igual modo, a día de hoy, 620.000 personas no tienen acceso a medicamentos básicos. Todo ello, en una de las crisis más olvidadas.
Recientemente, Amnistía Internacional denunciaba que, casi dos años después del inicio del conflicto, el fracaso de las autoridades de la República Centroafricana y la de las Naciones Unidas para investigar eficazmente los crímenes de guerra en el país estaban perpetuando el ciclo de la violencia. Ya en julio, la propia organización había hecho público un dossier donde se nombraba a 20 personas, incluyendo anti-balaka y comandantes Seleka, contra quienes había evidencias creíbles para sospechar su participación en crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y otros abusos graves contra los derechos humanos.
En ello, el mayor problema de la respuesta internacional, capitaneada por Naciones Unidas y Francia, ha sido su excesivo enfoque en el conflicto de la capital, Bangui. No obstante, la mayor parte de las zonas rurales, en particular, el oeste y el centro del país, se han convertido en campos de la violencia.
Y además, en algunos casos este contingente ha venido acompañado de polémica. Por ejemplo, miembros de las tropas de paz de la Unión Africana destinadas a la región se encuentran implicados en la desaparición de al menos 11 personas, entre ellas, cuatro mujeres.
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