Peña Nieto unifica la Policía local para acabar con la infiltración del narcotráfico

Para evitar que se repitan sucesos como los de Iguala en el futuro, anunció la puesta en marcha de diez medidas concretas en el ámbito de la seguridad, dos de las cuales implicarán reformas constitucionales: la promulgación de una ley contra la infiltración del crimen organizado en las alcaldías, que permitiría al poder federal asumir el control de un municipio que presente indicios de colusión con la delincuencia, y la obligación del llamado «Mando Único»: eliminar las 1.800 policías locales y establecer un solo cuerpo por estado, 32 en total. Otras decisiones llamativas son la creación de un teléfono único nacional para emergencias –como el 911 en Estados Unidos– y de una «clave única de identidad» –el equivalente al DNI español, que pese a algunas propuestas en el pasado, nunca se ha concretado.

El plan, que incluye un despliegue especial de fuerzas federales en la región llamada Tierra Caliente (repartida entre Michoacán y Guerrero), la aceleración de la reforma del sistema judicial aprobada en 2008 –que entre otras cosas establece juicios orales, inexistentes en México –, medidas para garantizar los derechos humanos –la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales también tienen al país en el ojo del huracán– , y toda una serie de acciones para luchar contra la corrupción, como la creación de un fiscal especial, no se queda en la seguridad, sino que abarca la economía. El presidente resaltó que los sucesos de Iguala evidencian también los «dos Méxicos», uno desarrollado, «inserto en la economía global», y otro pobre, «con rezagos ancestrales», y que por ello dará prioridad al fomento del desarrollo de los estados más carentes: Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Este proyecto de desarrollo, según detalló, implica miles de millones de pesos en autopistas, hospitales, programas sociales y, algo inédito, la creación de tres nuevos polos industriales, en cada uno de estos estados.

El anuncio presidencial ha generado una enorme expectativa, pero falta que se concreten las medidas para eliminar la desconfianza. Hace apenas seis años, por ejemplo, el expresidente Felipe Calderón firmó con representantes de organizaciones civiles y religiosas y con los gobernadores –entre ellos Enrique Peña Nieto, que regía el Estado de México– un Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad cuyos compromisos no se han cumplido a cabalidad.

Por otra parte, el presidente sigue enfrentando acusaciones de conflicto de intereses a raíz del escándalo provocado por su llamada «casa blanca», en el lujoso barrio capitalino de Lomas de Chapultepec, que se encuentra a nombre de una empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño del Grupo Higa, ganador de obras públicas millonarias, según reveló un equipo de periodistas de Carmen Aristegui. La declaración de su esposa, Angélica Rivera, emitida en el informativo de máxima audiencia como si de la continuación de la telenovela diaria se tratara, no sirvió para eliminar las dudas, y el mismo portal de noticias reveló el miércoles que Peña Nieto usó durante su carrera por la presidencia, en 2012, otra residencia en el mismo barrio propiedad de la misma constructora, sin que figure en sus gastos de campaña.