México clama contra la ejecución del minusválido Ramiro Hernández y el incumplimiento del «Fallo Avena»

La primera entidad en criticar la actuación norteamericana ha sido la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana mediante un comunicado: «(Expresamos nuestra) más enérgica protesta por el incumplimiento de dicho fallo por parte de Estados Unidos, conforme al cual ese país se encontraba obligado a revisar y reconsiderar el veredicto de culpabilidad y la sentencia capital impuesta al señor Hernández Llanas».

A su vez, la Corte no tuvo reparos en reprochar la actuación de Texas, a la que acusó de no notificar al preso la posibilidad de solicitar asistencia legal a las autoridades aztecas. De esta forma, los norteamericanos habrían incumplido el denominado «Fallo Avena», una resolución de la Corte Internacional de Justicia que pedía a Estados Unidos que revisara hasta 51 casos de ciudadanos de México condenados a pena de muerte.

Sin embargo, este no ha sido el único estamento en rechazar la sentencia de muerte, ya que a su comunicado le ha seguido el de la oficina local de Amnistía Internacional , la cual ha lamentando lo que considera «un cruel asesinato que se llevó a cabo en un claro incumplimiento del derecho internacional». «No hay nada más absurdo que una atrocidad cometida en nombre de la justicia», afirmó Perseo Quiroz, director ejecutivo del grupo en México.

Hernández Llanas fue condenado a la pena capital en el año 2000 por la muerte, tres años antes, de un hombre para el que trabajaba en un rancho del condado de Kerr y la múltiple violación sexual de la esposa de este. Previamente en México, fue encerrado por homicidio y se dio a la fuga. «Siento lo que he hecho. A los jóvenes, escuchen a sus padres, hagan siempre lo que dicen que se debe hacer, vayan a la escuela y aprendan de sus errores», afirmó el reo antes de ser ejecutado.

Antes de la ejecución, la justicia norteamericana rechazó el principal argumento esgrimido por los abogados del reo, los cuales afirmaron que sufría una discapacidad mental. Sheri Johnson, una de las abogadas, indicó que los testimonios médicos para certificar esta dolencia intelectual en el juicio fueron sesgados y racistas, ya que vincularon sus dificultades de razonamiento con su grupo cultural de origen.