Viviendo sin electricidad en Grecia

Hasta la crisis, la compañía estatal griega de electricidad, conocida por sus iniciales en griego DEI, añadía impuestos municipales y el de la televisión estatal (aunque no se tuviera televisión). Pero desde el otoño del 2011, para conseguir más ingresos estatales, se ha añadido un nuevo impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, equivalente al IBI español. Y eso hace que muchas familias griegas no puedan pagar el recibo: el presidente de la compañía DEI Artúro Zervós anunció después del verano que en el 2011 fueron 400.000 los hogares que solicitaron plazos para pagar sus deudas eléctricas y en el 2012 fueron 700.000. Zervós esperaba que fueran más este año y fuentes de la compañía hablan de 800.000 hogares.

El gobierno de coalición actual es consciente de la gravedad de la situación que atraviesan un tercio de las familias griegas , luchando al borde de la exclusión social tras años de ajustes y recortes. Y por ello la compañía estatal de electricidad DEI, que se encarga de satisfacer el consumo eléctrico doméstico griego (las industrias y grandes consumidores tienen acceso a otras compañías eléctricas privadas) ha tomado una serie de medidas para «aliviar» a muchas familias: la última normativa de junio de este año aumenta aún más las categorías de «consumidores vulnerables» que ya se especificaban en una ley anterior del 2011. Supone protección para los más desamparados, empezando por los desempleados o por quienes tienen inválidos o personas discapacitadas a su cargo y pocos medios; siguiendo por las familias numerosas, familias con medios muy reducidos, etc. Así obtienen descuentos en el precio de la luz, posibilidad de pagos aplazados y sobre todo, garantía de que no se les corte el suministro.

Pero la situación es cada vez mas difícil:un portavoz de DEI ha declarado hace poco que «la imagen que tenemos ahora es peor que la esperaba. Desde agosto la situación se ha deteriorado y en los últimos dos meses (refiriéndose a octubre y noviembre) la diferencia entre los recibos emitidos y el dinero recaudado ha alcanzado 4 millones de euros al día». Una situación insostenible.

La picaresca griega se ha manifestado desde el comienzo de la crisis con la aparición de una serie de electricistas piratas que por un modesto pago de entre 10 y 50 euros conectan de nuevo los contadores de forma ilegal, proporcionando electricidad gratuita a los interesados. Y sino… están los activistas del movimiento radical de izquierdas «No pagamos» (en griego«dén pliróno») que son más de diez mil en todo el país. Vuelven a conectar de forma gratuita e ilegal los contadores, mientras que desconectan la energía de los controles de peajes en las principales autovías griegas para convertirlas en gratuitas.

El principal partido de la oposición griega, la Coalición de la Izquierda Radical (SYRIZA) ha afirmado que ningún hogar griego debería estar sin electricidad y calefacción, sugiriendo que las familias de medios reducidos debería tener 300 kwh al mes gratuitos y un importante descuento en combustible para calefacción.

Otros consumidores prefieren pagar únicamente el consumo eléctrico y no los impuestos, acabando en los tribunales.

«Me han reducido la pensión y mantengo a mi mujer», dice Yorgos V., un jubilado griego. «Nos da justo para comer y las medicinas, pero no para los impuestos. Sin luz no podemos sobrevivir». Paga la tarifa reducida de electricidad, pero no la parte de los impuestos correspondiente a su pisito ateniense. Le da igual acabar en los tribunales: no tiene otros ingresos.

María, una madre separada con dos hijos pequeños, ya no recibe pensión de su exmarido, ahora desempleado, y no tiene donde dejar a los hijos para ir a trabajar. Los ayuntamientos han cerrado muchas guarderías municipales y no sabe si encontraría trabajo en este momento. «Me han conectado de nuevo la corriente eléctrica. Es ilegal pero me da igual, quiero leer a mis hijos por la noche, poder bañarlos, cocinar y si hace mucho frío encender la calefacción».

Los alcaldes de varias de las principales ciudades griegas (Atenas, Tesalónica, Pátras, Vólos y Ioanina) se han manifestado recientemente contra la idea lanzada por Yánis Maniatis, el ministro de Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático que dejó caer que la administración local podría pagar la electricidad de los más excluídos refiriéndose a quienes se había cortado la electricidad. Pero con un recorte de más del 30 por ciento de la financiación estatal en todos los municipios griegos, los alcaldes no aprueban esta idea y cada ayuntamiento sigue la política social que se ha marcado y puede mantener. Los cinco alcaldes presentaron iniciativas para la creación de un plan nacional para la recuperación de la crisis en los próximos años, basada en el desarrollo local y la transparencia.

Pero la pregunta del millón sigue siendo cómo conseguir reducir los gastos del Estado y recaudar más impuestos con una población empobrecida y una tasa de desempleo altísima. Las imposiciones de la troika (EU y FMI) se basan en los números, pero quienes conocen la silenciosa crisis humanitaria que se vive en Grecia piensan que la población está al borde del caos.