Bronca en el Congreso argentino tras aprobarse la polémica reforma judicial

Por 130 votos el oficialismo impuso el texto más polémico de la reforma, aquel que establece la designación de los jueces del Consejo de la Magistratura (equivalente al Consejo General del Poder Judicial) por medio del voto universal.

Los altercados se produjeron durante la votación. Dos diputados no votaron y el resultado salió negativo para el Gobierno. Según los diputados, el sistema electrónico no respondió y se repitió la votación que dió la victoria al oficialismo por 130 votos. La oposición pateó y protestó. «!Fraude, Fraude!» El cruce verbal incluyo insultos y amagos de pelea cuerpo a cuerpo. Agustín Rossi, portavoz del oficialista Frente para la Victoria, tuvo que ser asistido para evitar que llegara a las manos. El espectáculo resultó bochornoso, casi tanto como el trámite exprés de una reforma que dificilmente llegará a entrar en vigor tal y como está redactada. El proyecto del Consejo de la Magistratura, uno de los más polémicos, deberá volver al Senado para finalizar su trámite legislativos.

A lo largo de la jornada, mientras continuaba de puertas adentro el trámite de las leyes, miles de sindicalistas, profesionales de diferentes sectores y gente corriente se manifestaron en contra de la llamada «Democratización de la justicia», según la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, o golpe a la justicia como lo considera la oposición.

La «carpa de la justicia independiente» —montada frente al Congreso por la oposición— vió pasar por delante a abogados, jueces y otros miembros de la judicatura para expresar el rechazo frontal a la reforma. El sindicato de trabajadores del Poder Judicial se declaró en huelga hasta el viernes. El Tribunal Supremo envió un documento, firmado por jueces de toda Argentina, donde se criticaba la reforma y advertía que «de concretarse, habría una paralización del Poder Judicial». Después de esta «advertencia» el oficialismo aceptó introducir algunos cambios que no afectan a la cuestión de fondo pero permitirán que la Corte Suprema conserve la administración de los salarios y fondos judiciales. En la versión original la más alta instancia judicial perdía éstas atribuciones.

El repentino cambio es lo que llevó a la diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica) a denunciar «un pacto» entre el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Carrió dijo que habrían hecho un trueque para que la Corte le garantice al Gobierno un fallo favorable en la ley de medios de comunicación impugnada por el grupo Clarín.

La diputada y excandidata a la Presidencia, azote de Carlos Menem durante su Gobierno y minuciosa fiscal del de Cristina Kirchner, calificó de «reforma fascista» la iniciativa judicial. A grandes rasgos, ésta se traduce en la ampliación y designación de los jueces del Consejo de la Magistratura, equivalente al Consejo general del Poder Judicial, a través de elecciones mediante el voto universal. Asimismo, la reforma, reduce a la mínima expresión los amparos o cautelares contra el Estado.

Las protestas se sucedieron desde diferentes sectores. Todo esto, menos de una semana después de producirse un multitudinario cacerolazo que puso en las calles a decenas de miles de argentinos. Entre las consignas figuraban demandas de un justicia independiente y hasta el juicio político para la presidenta.

Esto llega después de que el periodista Jorge Lanata destapara una red de corrupción para blanquear y evadir decenas de millones de divisas, que salpica a los Kirchner . La investigación está en marcha y los ánimos de los argentinos cada vez más caldeados.