El equipo de Maduro admite el colapso económico y un posible estallido social

Desabastecimiento del 50% en productos básicos, inflación que este año puede llegar al 33%, déficit del sector público del 15%, caída del PIB de más del 4%... Son algunos de los 17 puntos que el documento, a cuyo borrador [ consulta el texto completo ] ha tenido acceso ABC, enumera en un tono apocalíptico, lamentándose de que esto haya ocurrido en un periodo de inimaginables ingresos públicos gracias al elevado precio del petróleo.

Ahora que los mercados prevén un descenso de los precios petroleros, «¿qué hacer?».

Esa pregunta es el título del descarnado documento, redactado por el diputado comunista Douglas Gómez, en colaboración con otros asesores de Maduro, varios de ellos relacionados con la fundación española de izquierda Centro de Estudios Políticos y Sociales. La respuesta que se dan, «paradójicamente para algunos, consiste en profundizar la revolución socialista».

En lo económico, eso pasa por un mayor protagonismo de cooperativas y empresas públicas (también plantean drásticas medidas sobre los ciudadanos, como eliminar la subvención al precio de la gasolina y subirles impuestos). En lo político, por eliminar lo que queda del actual sistema democrático: avanzar en el sistema comunal con «la desaparición de las Alcaldías, Gobernadores, y todos los poderes actuales, ejecutivo, legislativo, judicial».

El texto supone un ajuste de cuentas dentro del chavismo y preludia una guerra interna, en caso de triunfo electoral. Las críticas a la política económica llevada a cabo hasta ahora, impensables mientras Hugo Chávez estuvo vivo, son una acusación directa, aunque no se llegue a citarle contra Jorge Giordani, el poderoso ministro de Planificación y Finanzas. Veladamente también hay disconformidad con el poder y la gestión de Rafael Ramírez, ministro de Energía y presidente de la petrolera PDVSA. Por el contrario, podría pensarse en un alineamiento con el tercer gran actor económico del Gobierno, Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela.

«Lo que llama la atención de este documento», indicó el economista venezolano José Toro Hardy, «es que se trata del reconocimiento por los mismos chavistas del mayor fracaso que puede tener una nación». «Describen la situación con toda precisión, algo que yo mismo u otros economistas podríamos haber escrito; pero la receta que ofrecen es más de lo mismo y eso sencillamente no puede funcionar», asegura.

El documento ve «signos claros de posible hiperinflación, que puede llegar a un 50% este año, con contracción de la economía y un posible estallido social», y recomienda que no se comentan «errores de incrementos desmesurados en los salarios». Admite que ha habido una clara reducción de la productividad del Estado y que hay problemas para pagar salarios de los trabajadores del sector público.

En ese contexto, la protesta social se está incubando. Así, hay «quejas generalizadas, por parte de amplios sectores de la clase media y baja, incluyendo importantes pensadores, articulistas y componentes del pueblo revolucionario, en relación a su disminución de nivel de vida debido al costo de la cesta básica y a la escasez de alimentos vitales. Algunos sectores revolucionarios culpan de esto a la reciente devaluación, sin darse cuenta de que esto es solo una señal de un problema mucho más amplio».

«Hasta ahora, las clases bajas que apoyan el proceso revolucionario han sido muy pacientes», añade el texto, «pero se huele en el ambiente la posibilidad de un estallido social, como efecto posterior de reverberación de las ondas de choque de la bomba atómica económica que ya explotó». «Hasta ahora se ha culpado al sector privado por el problema. Pero un análisis más profundo y autocrítico arroja un diagnóstico claro de errores en el diseño en las políticas económicas necesarias».

Si no se actúa, «un escenario de estallido social puede muy bien gestarse inmediatamente luego de que el compañero Nicolás asuma la Presidencia».

Las críticas se vierten contra casi toda la agenda económica: «La política de control de cambios ha sido un desastre, por decir lo menos»; «lamentable fracaso de la política de promoción de cooperativas y de empresas de producción social»; y una gestión centralizada de las misiones «que engrosa de hecho el aparato corrupto-corruptor del Estado».