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El Gobierno argentino arrincona al Supremo para que resuelva el caso Clarín

Día 21/12/2012 - 02.38h
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Busca que declare constitucionales los dos artículos de la ley de medios audiovisuales impugnados por el mayor grupo de comunicación de Argentina

El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner quiere poner ya punto y final a su batalla contra Clarín. El Ejecutivo está enredado en una maraña judicial y busca, a toda costa, que la Corte Suprema, equivalente al Tribunal Supremo, tome cartas definitivas en el asunto.

En otras palabras, que declare constitucionales los dos artículos de la ley de medios audiovisuales impugnados por Clarín que le imponen una severa desinversión, le obligue a cumplirlos de inmediato y anule todas las medidas cautelares o amparos que favorecieron hasta ahora al mayor grupo de comunicación de Argentina.

El Ejecutivo presiona a la Corte desde diferentes frentes en un intento por despedir el año con una victoria política ya que el caso, Gobierno versus Clarín, se interpreta exactamente en ese contexto.

El ministro de Justicia, Julio Alak, instó a la Corte que «se aboque al tratamiento inmediato de la causa» con el objetivo de que dicte «una nueva declaración de constitucionalidad -de los artículos mencionados-, tal y como dictó el pasado viernes el juez de primera instancia Horacio Alfonso.

La medida posteriormente quedó en suspenso al apelar Clarín, pero el Gobierno lo ignoró al presentarse en la sede del grupo y comunicar que arrancaba el proceso de transferencia (subasta) de «oficio» de las licencias de radio y televisión que exceden el límite marcado por la mencionada ley.

Lo asombroso de esta medida es que el Gobierno recurre a la figura del «per saltum», un atajo para saltarse el procedimiento judicial habitual. Esto es posible cuando un fallo judicial de primera instancia es adverso al Ejecutivo; pero ese fallo -no otros- ha sido favorable, con lo cual resulta ridículo intentar ese paso que, por otras razones, le fue denegado con anterioridad.

Incomprensible o plomizo

Alak, en una rueda de prensa reciente, consideró que «la población considera con angustia y preocupada que una ley del Congreso no quiere ser aplicada». El argumento, cuando a la mayoría de la población el tema le resulta indiferente por no decir incomprensible o plomizo, apunta a que el mencionado «per saltum» debe, además de usarse tras un fallo de primera instancia adverso, tener para su tratamiento una justificación de «gravedad institucional».

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