Si a un espectador que observara el entusiasmo con el que la población de Madrid recibió la declaración de la Segunda República en abril de 1931 le hubieran dicho que apenas cinco años después el nuevo régimen se hundiría en medio de la guerra civil más extrema y encarnizada, le habría parecido increíble. Los analistas españoles de 1931 afirmaban que la introducción pacífica de un nuevo régimen democrático indicaba la «madurez cívica» de la sociedad española, y que los amargos conflictos del pasado habían llegado a su fin. Por el contrario, lo peor aún estaba por llegar. ¿Cómo era eso posible?

Hay que tener en cuenta dos realidades básicas respecto a la instauración de la República. En primer lugar, fue el resultado de la caída repentina de la Monarquía, no de un movimiento republicano popular, masivo y unificado. El nuevo régimen despertó un gran entusiasmo popular, y en general se aceptó su legitimidad, pero una minoría muy amplia de la población —simpatizantes monárquicos y católicos— nunca compartió este entusiasmo, aunque tardó en responder con sus propias organizaciones políticas.

En segundo lugar, las fuerzas republicanas estaban compuestas por tres sectores completamente distintos: los demócratas liberales del centro republicano, la izquierda republicana moderada y los socialistas. Todos ellos tenían proyectos distintos. Sólo el centro era partidario de la democracia liberal sin adjetivos, con las mismas normas de juego para todos. La izquierda moderada, dirigida por Manuel Azaña, insistía en un régimen totalmente de izquierdas y anticatólico que fuera radicalmente reformista, aunque no socialista, y basado en gran medida en la propiedad privada. Los socialistas aceptaban la república democrática porque conduciría al socialismo, pero una república democrática basada en la propiedad privada debía ser sólo un medio para alcanzar la meta definitiva de un régimen socialista.

Sin consenso

Las reformas republicanas de 1931-1933 fueron promulgadas por una alianza de republicanos de izquierdas y socialistas, de la cual se retiraron pronto los liberales centristas. Esta alianza de gobierno rechazó cualquier tipo de consenso, e insistió en volver a la «tradición ensalzada» del siglo XIX de imponer por decreto cambios a los que se oponían sectores significativos de la sociedad. No sólo se separaron la Iglesia y el Estado, sino que las nuevas leyes privaron a los católicos de ciertos derechos civiles básicos como la educación y la expresión religiosa. La reforma agraria fue muy conflictiva y de hecho relativamente moderada, pero también extremadamente compleja y confusa. Debido en parte a la feroz oposición de los anarquistas, las reformas laborales beneficiaron principalmente a la Unión General de Trabajadores (UGT) socialista, y dieron lugar a una subida irracional de los salarios en una época de depresión y creciente desempleo. Al final, la alianza entre la izquierda republicana y los socialistas se rompió hacia finales del verano de 1933. La luna de miel de la República se había terminado y empezó el punto de inflexión.

La ley electoral de la República negaba la representación proporcional con objeto de superar la fragmentación política, pero fomentaba giros pendulares y una representación desproporcionada en el Parlamento. La izquierda desunida experimentó así una derrota desastrosa en noviembre de 1933 a manos de una ley electoral redactada por ella misma. El mayor partido en las Cortes fue a partir de entonces la católica Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), que prometió transformar el régimen en un sistema corporativo más conservador y católico, del mismo modo que los socialistas estaban decididos a convertirlo en un régimen socialista.