Constituye pasatiempo favorito de los historiadores preguntarse por las causas del colapso de la segunda República; es menos frecuente cuestionarse si tal colapso era, entonces, predecible para un economista profesional.

La República sobrevino en unas circunstancias bastante favorables. La situación de los trabajadores, penosa para estándares actuales, había mejorado con Primo de Rivera y la Monarquía constitucional. Un manojo de normas de las etapas anteriores encauzaba conflictos y mejoraba condiciones de los trabajadores en la industria. Durante la Dictadura, se había implantado un mecanismo de arbitraje en los centros de trabajo. Desde 1904, regía la obligatoriedad del descanso dominical. Y desde 1918, la jornada de ocho horas en muchas industrias. Además, un primitivo sistema de protección social había iniciado su andadura con la ley de accidentes de trabajo de la Monarquía constitucional y los beneficios por maternidad de Primo de Rivera, el Instituto Nacional de Previsión y el plan voluntario de pensiones

División sindical

En 1931, el movimiento obrero era un Jano bifronte. Tanto el PSOE como la UGT colaboraban con la Monarquía constitucional, y con la misma Dictadura. Y no tuvieron empacho en apoyar los comités paritarios de conciliación.
La UGT defendía las cooperativas para atender perentorias necesidades sociales, ahorro, consumo, viviendas baratas, etc. La Mutualidad Obrera brindaba servicios de hospitalización, o quirúrgicos. Es verdad que la otra cara de Jano estaba constituida por el movimiento anarquista, enfadoso competidor de la inicialmente gradualista UGT. La CNT era violentamente antisistema.
En fin, muchos historiadores señalan la escasa repercusión de la crisis mundial de los años treinta sobre la economía española dado al magro desarrollo económico del país. Con gran peso del sector agrario, tecnológicamente atrasado, presentaba el producto interior un perfil temporal de dientes de sierra, trasunto de su estrecha dependencia de factores climáticos; no de la coyuntura internacional. Además, la ascensión salarial del período 1931-1933 reforzaba el aislamiento. Ya un trabajo del Banco de España insistía, en 1934, sobre estas explicaciones. Claro que una subida de salarios no podía, si bien se mira, constituir fuente de inmunidad frente a la crisis, pues, aunque inyectara liquidez para el consumo, no dejaría de generar alto volumen de paro y menor demanda de trabajo, ahora sustituido por capital; todo, en un mundo irrespirable de gran tensión social.
Con el desempleo se hundieron el consumo y el crecimiento.

En 1935 el paro doblaba, prácticamente, al de 1931. La crisis, inducida en pequeña medida por contagio, y en mayor grado por respuesta de las unidades internas de decisión, fue poco profunda, pero larga. Se dirá que el retardo de la prosperidad se debió a la ortodoxia de la política monetaria y, en buena medida, de la política fiscal, y a la vigilancia estricta de la deuda pública. Sin embargo, pienso que fue la tremenda crispación, la conflictividad ascendente, y la incompetencia de las autoridades lo que retrasó la recuperación. Con un clima de seguridad, las fuerzas espontáneas del mercado devolverían la bonanza.

Reformas radicales no constituyen la prioridad más sensata en una economía estancada. Si, además, van en la dirección equivocada la ruina está servida. No podían las autoridades alejarse de la ortodoxia pues la Balanza de Pagos, acosada por el derrumbe de las exportaciones, cerraba con abultado déficit. Sedienta de capitales, no tenía la economía otra opción para mantener la credibilidad de los mercados y atraer capital, obturando el boquete de la Balanza de Pagos. Pero la política laboral de Largo Caballero fue un disparate, y mayúsculo dislate constituyó la cirujana reforma agraria, efectista, ineficaz y políticamente explosiva.