Unas elecciones municipales cambiaron el destino. Los partidos monárquicos ganaron apuradamente en el conjunto de España, pero los republicano-socialistas se hicieron con el poder en las grandes ciudades. Esa victoria parcial (o la «derrota moral» de sus oponentes) bastó para que se proclamara la república en muchos ayuntamientos y para que se sucedieran las manifestaciones de celebración en la calle. A la vista de lo ocurrido, Alfonso XIII decidió abandonar el país.

ERA un 13 de abril, pero faltaban todavía doce meses para que se proclamara la Segunda República española. Corría el año 1930 y no hacía mucho que la dictadura del general Primo de Rivera había terminado. Ese día, toda la atención política del país estaba puesta en un ex ministro de la monarquía y miembro del Partido Liberal llamado Niceto Alcalá-Zamora. Había anunciado que hablaría en el Teatro Apolo de Valencia y eran muchos los que esperaban algo sonado. No defraudó; se declaró a favor de la república, explicando que la «legalidad constitucional» estaba «deshecha» y era «imposible de reconstruir».

Nada podía ser más positivo para los republicanos que el hecho de que un ex monárquico liberal diera por imposible la asociación de monarquía y régimen constitucional. Faltaba, no obstante, que aquellos fueran capaces de superar su tradicional división. El movimiento republicano creció sustancialmente durante aquel año, pero nunca llegó a ser tan fuerte como para derrotar al régimen monárquico en la calle con la tradicional huelga revolucionaria. Lo intentaron, de hecho, y el fracaso fue estrepitoso. Sin embargo, la oposición republicana sí consiguió algo que habría de resultar trascendental para su victoria: a mediados de agosto sellaron, en San Sebastián, la unidad de acción de casi todos los partidos republicanos. No eran pocas ni menores las diferencias entre ellos, pero pudieron constituir un comité revolucionario conjunto que serviría, a la postre, para dar forma al futuro gobierno provisional de la república. Fue esa unidad de acción, más importante en el terreno de la propaganda que en el de la movilización popular —aunque esto tardaran en entenderlo—, lo que, unido a la desorientación y debilidad creciente de los partidarios de la monarquía, más debilitó la causa monárquica.

La Segunda República se proclamó el 14 de abril de 1931. No fue el fruto de una revolución violenta ni el resultado de un proceso de transición pactado. Fue una consecuencia no prevista de los resultados de unas elecciones locales celebradas dos días antes. A la vista del triunfo de la coalición republicano-socialista en las grandes ciudades, y una vez informado de que el gobierno interpretaba los resultados como una derrota moral, Alfonso XIII decidió abandonar el país.
Aunque hubiera sido de forma pacífica y hasta cierto punto festiva, para la mayoría de los miembros del movimiento republicano, incluidos los socialistas, lo ocurrido aquel 14 de abril fue interpretado como una revolución en toda regla. Estaba por ver, sin embargo, en qué habría de traducirse esa amplísima generación de expectativas de cambio.
En un principio, el nuevo gobierno actuó conforme a las ideas de su presidente, Alcalá-Zamora, partidario de construir una República conservadora. Fue él quien tomó las riendas del ejecutivo e hizo público, previo acuerdo del mismo, un Estatuto Jurídico en el que se afirmaban algunos principios liberales básicos, se garantizaban los derechos civiles y se prometía la reunión de unas Cortes Constituyentes. La declaración sirvió al menos para tranquilizar a las clases medias y reforzar la posición del sector de la derecha católica que defendía la moderación y el posibilismo. La Iglesia católica, de hecho, y aun con el desacuerdo de destacados prelados, manifestó oficialmente su voluntad de acatar el nuevo régimen.

Sin embargo, no era ese comienzo proclive a la negociación con las instituciones del antiguo régimen, lo que la izquierda republicana y los socialistas, que tenían más de la mitad de las carteras ministeriales, deseaban. Su idea de la «revolución republicana» era otra bien distinta, en la que el proceso no se agotaba en la caída de la monarquía, sino que debía traducirse en una obra legislativa profunda y urgente. Convencidos de que en el pasado, la modernización del país había sido imposible por el espíritu transaccional de los viejos liberales, ansiaban una República que no traicionara una vez más las aspiraciones de cambio del pueblo español. Para ellos no se trataba de reformar; la palabra reforma, de hecho, apenas formaba parte de su vocabulario político. Había que llevar a cabo una transformación radical de la sociedad y de las instituciones, y eso sólo podrían hacerlo los republicanos. No había tiempo que perder ni necesidad alguna de concebir la nueva democracia republicana como un sistema político en el que tuvieran cabida los representantes de ese antiguo régimen a extinguir.

La historia de los meses que transcurrieron desde abril de 1931 hasta la aprobación de la Constitución republicana, en diciembre de ese mismo año, estuvo fuertemente condicionada por la tensión entre esas dos posturas. De un lado, la república conservadora o respetable de la derecha republicana, partidaria de negociar con la Iglesia la separación de esferas y de establecer un marco constitucional que recogiera mecanismos como el Senado, con los que amortiguar el impacto de la llegada repentina de la movilización democrática. Sus posibilidades de éxito mermaron considerablemente a raíz, primero de la quema de conventos en mayo de 1931, y segundo por los decepcionantes resultados electorales de los republicanos conservadores en las elecciones constituyentes celebradas en junio. De otro, los socialistas y la izquierda republicana más extrema, los radical-socialistas, que cosecharon un buen resultado electoral, partidarios de que la Constitución recogiera un programa de cambio revolucionario que asegurara el cumplimiento de las expectativas despertadas en abril.

Entre medias, el centro-izquierda republicano liderado por Azaña, con una pequeña minoría parlamentaria, y el Partido Radical de Lerroux, el segundo grupo de la Cámara, los dos con posturas ciertamente ambiguas con relación a la idea de constitucionalizar la revolución, aunque ambos acabaran apoyándola con más o menos reservas.