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Economía. OPAS SIN LUZ

El «status quo» de un conflicto como el de Irak —con un gasto acumulado de más de 300.000 millones de dólares y las vidas sacrificadas de casi 3.000 soldados del Pentágono— ha dejado de resultar aceptable para Estados Unidos. Las elecciones legislativas de noviembre, que por primera vez tras una década larga de supremacía conservadora en la colina del Capitolio, han relegado al Partido Republicano a la oposición, han cristalizado la impopularidad, cansancio y descrédito acumulados durante los más de tres años de terrible posguerra que han seguido al fulminante uso de la fuerza para derrocar a Sadam Husein.

Ejercicio militar electivo que fue acometido inicialmente por la Casa Blanca con un apreciable respaldo popular doméstico, en parte explicable por el impacto del 11-S y el consiguiente cheque en blanco otorgado a la Administración Bush, pero que en estos momentos repugna a más de dos tercios de la opinión pública estadounidense.


Con la nueva legislatura que comenzará en enero, el 2007 se presenta como un año de cambios —voluntarios o forzados— dentro de la desacreditada estrategia de Estados Unidos en el conflicto de Irak. Este nuevo panorama va a girar en torno a un Congreso Federal crítico, desconfiado y con ganas acumuladas de fiscalizar las acciones del Ejecutivo.


Y una Casa Blanca que ya no puede hacer más llamamientos a la paciencia argumentando que el camino a la victoria pasa por mantener una ocupación sin fechas de caducidad. Todo dentro del contexto político de los dos últimos años del mandato de la Administración Bush y el «premio gordo» de las elecciones presidenciales en 2008.

Comisión de sabios


Dentro de este complicado escenari, el trascendental pero tardío debate en Washington sobre qué hacer para solventar la asignatura pendiente de Irak ha sido abierto por el Grupo de Estudio de Irak, la comisión bipartidista de «sabios» presidida por el ex secretario de Estado, James Baker, y el ex congresista demócrata Lee Hamilton. Sus esperadas conclusiones, divulgadas a comienzos de diciembre, se han centrado en un tríptico no plenamente respaldado por la Administración Bush: oportunidad a la diplomacia (incluidos contactos directos con Siria e Irán y un nuevo esfuerzo negociador en el conflicto palestino-israelí); responsabilizar al Gobierno de Irak, incluso con sanciones, de su propia seguridad; y una retirada masiva de los 140.000 efectivos del Pentágono para principios de 2008.


En esa tradición de comisiones bipartidistas para hacer frente a las peores crisis del gigante americano, una práctica tan antigua como la propia historia de Estados Unidos, el popularmente conocido como «Informe Baker» ha servido para poner sobre la mesa la necesidad de cambios radicales y urgentes en Irak ante una situación descrita como «grave» y que se complica por momentos. De hecho, el texto publicado en forma de libro instantáneo insiste mucho más en cuestiones pragmáticas y básicas de seguridad que en las ambiciones expresadas por la Administración Bush de crear una ejemplar democracia en el corazón del mundo árabe.

Recomendaciones


Aunque el Grupo de Estudio de Irak ha reconocido que no existe un camino con «éxitos garantizados», la receta remitida al Congreso y la Casa Blanca contiene un total de 79 recomendaciones con la insistencia de que no existe mucho margen de maniobrar para rebuscar y elegir cuáles van a ser aplicadas y cuáles van a ser desestimadas. Gráficamente, James Baker ha insistido en que este documento no es una ensalada de frutas en la que cada comensal puede elegir los pedazos que más sean de su agrado.
En este sentido, la Administración Bush ha venido dejando claro que le resulta muy difícil de tragar la posibilidad de entablar negociaciones directas con Damasco y Teherán, regímenes considerados en el Despacho Oval como muy desestabilizadores y notorios patrocinadores del terrorismo. El objetivo de que para el primer trimestre del 2008 quede una presencia militar mínima de Estados Unidos en Irak también contradice la reiterada oposición de la Casa Blanca contra plazos o calendarios que pudieran servir como ventaja estratégica para el enemigo.
Dado el alto perfil y el prestigio asociado con el «Informe Baker», la Casa Blanca con sus expectativas limitadas no se ha podido permitir el lujo de desestimar este documento ni, por supuesto, negar la necesidad de cambios en Irak. Pero en un esfuerzo de modulación más acorde a sus políticas, la Administración Bush se ha declarado pendiente de otros asesoramientos adicionales y revisiones internas elaboradas por el Departamento de Defensa, el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado.

Lucha contra Al Qaida


Las decisiones finales de una Casa Blanca no famosa por sus cambios de dirección deberían darse a conocer en los próximos días, si es posible antes de Navidad. Se supone que el presidente baraja alternativas propias como enviar temporalmente hasta 30.000 soldados de refuerzos, que las tropas de Estados Unidos en Irak se concentren en terroristas afiliados con Al Qaida y abandonar la política de forzar entendimientos entre suníes y chiíes.

Entre todas estas conjeturas —y mientras los asesores de George Bush recuerdan que el trabajo de presidente requiere a veces actuar en contra de la opinión pública mayoritaria y asumir responsabilidades completamente en solitario— Washington no deja de esperar para el año 2007 un cambio sustancial en la cuestión iraquí. Sobre todo, cuando la Administración Bush ya no puede defender sus actuaciones en Irak acusando, como hasta ahora había hecho, a los demócratas de cobardía derrotista y a los medios de comunicación de ocultar las «buenas noticias» procedentes de Bagdad.

 

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