«La Guardia Civil tiene prohibido entrar en la mina». Esta sorprendente afirmación corresponde a dos miembros de la Benemérita, un cabo y un coronel, que testificaron en el juicio del 11-M. Ambas declaraciones pusieron de manifiesto, una vez más, las deficiencias normativas que había antes de los atentados sobre el control de explosivos y de las explotaciones mineras, en especial en Asturias.

A ello hizo referencia el cabo jefe de Intervención de Armas de Salas, encargado del control de «Mina Conchita». El agente, con tono firme, se quejó del «vacío legal» que existía antes de 2005, año en que fue aprobado el actual real decreto sobre explosivos, que «es enormemente más exhaustivo». No obstante, el agente precisó que su existencia no es la panacea, ya que «es imposible controlar el consumo interno de la mina; antes, ahora y después».

Afirmó que desde 1999 en la mina sólo se utilizaba Goma 2 ECO, debido a que la EC dejó de fabricarse. Pese a ello, en el juicio se han visto imágenes de bolsas de ambas dinamitas esparcidas por la explotación. El cabo, tras precisar que la ley sólo exigía inspecciones anuales, dijo que nunca le llamó la atención que en el libro de registro de «Mina Conchita» se anotaran números redondos -dejó de hacerlo después del atentado- al considerarlo una «anécdota», porque en el «100 por 100 de las minas, aún hoy, se ponen números redondos». Sobre las inspecciones, dijo que nunca subió a los niveles 2 y 3 «porque, por orden interna de la Guardia Civil, tenemos prohibido entrar en el interior de la mina». Esta afirmación fue ratificada por el coronel Fernando Aldea, quien aseveró: «Sí, tengo prohibido entrar en la mina».

En este contexto, el cabo de Salas destacó que sólo pudo entrar en «Mina Conchita» el 18 de junio de 2004, cuando acompañó a la comisión judicial que realizó la inspección. En aquella ocasión se introdujo en la bocamina del primer nivel -a unos 40 metros- y allí «en un basurero había dos bolsas de Goma 2 ECO y otras tantas de EC, abiertas», relató.

Su testimonio no fue el único que puso de relieve las deficiencias normativas sobre explosivos y la falta de personal y medios. También el jefe de Intervención de Armas, el coronel José Luis Bayona, dijo que en un informe de 2002 ya se advertía de pequeños robos en Asturias. Mientras, el presidente de la Confederación Nacional de Empresarios Mineros, José Moya, dijo que envió cartas a Interior para denunciar «la dejación del Estado» en la custodia de los explosivos.