El preso islamista imputado en las operaciones «Sello» y «Tigris» por pertenencia a organización terrorista y condenado por cuatro robos, Kamal Ahbar, aseguró ayer ante el Tribunal del 11-M que el explosivo utilizado en la matanza fue financiado con un atraco en el que se consiguió un botín de 200 kilos de hachís. De esta cantidad, dijo, se hicieron ocho partes, y fueron las correspondientes a Jamal Ahmidan y a Mohamed Oulad Ackha (es decir, 50 kilos) las que financiaron la primera entrega de explosivos: entre 50 y 60 kilos.

En esta primera entrega participó, siempre según su testimonio, Trashorras. No así en la segunda (la del viaje de una semana antes de la matanza), cuando fue su cuñado, Antonio Toro, el enlace en Asturias, porque el ex minero «ya no se fiaba de ellos». Con anterioridad a esta operación de compra de explosivos, Ahbar dijo que Jamal Ahmidan «buscaba armas», para lo que contactó con Toro y Zouhier. Las quería para perpetrar atracos como el que les permitió hacerse con el hachís. En concreto, dijo, compraron tres subfusiles Kalasnikov y contaban ya con otras dos pistolas que les vendió «un guardia civil».

En un enrevesado relato, el preso aportó datos que sí se corresponden con el escrito de acusación de la Fiscalía y que, por tanto, han sido publicados y podría haber conocido a través de los medios. En cualquier caso, tiene que ser el Tribunal el que valore la veracidad de las informaciones aportadas por este testigo, que podría haber incurrido bien en un delito de encubrimiento (en caso de que algunas de sus confesiones fueran ciertas) bien en uno de falso testimonio (si se demuestra que miente). En ambos casos, la Sala tendría que deducir testimonio.

El preso aseguró que todas las revelaciones del 11-M que expuso ante el Tribunal ya las relató ante el juez Del Olmo el pasado mes de enero, cuando declaró por la «operación Sello 2». Fuentes consultadas por ABC aseguran el preso no hizo entonces ninguna referencia a los atentados de Madrid.