Allá por los años 70 se incorporó a la jerga política europea el término de participación. Esta fue una idea lanzada desde el poder político como respuesta frente a los planteamientos revolucionarios del mayo francés del 68. Quizás por eso, o quizás porque este es un país individualista en el que bastante tenemos con ocuparnos de nuestros asuntos, lo cierto es que éste de la participación nunca terminó de incorporarse a nuestros hábitos ciudadanos. Cuando hacía falta, se acudía a los contactos. Luis Carandell contaba en uno de sus libros cómo todo empresario catalán que se preciase tenía en Madrid un conocido llamado Rodríguez, funcionario en un ministerio, al que llamaba para saber cómo iba su expediente. Aquella era una Administración centralista, rodeada de un halo de misterio, no exento de cierta magia, en la que sólo los Rodríguez de turno podían enterarse de si algo «estaba a la firma» o de si «faltaba el informe de fulano».

Al cabo de los años, uno empieza a dudar de que esto de la participación tenga algún futuro entre nosotros. Nuestras leyes, por supuesto, la proclaman como un principio básico. La Constitución se refiere a ella, al hablar de la audiencia de los ciudadanos. En la universidad la explicamos, junto con otros principios como el de transparencia, a los que deben acomodarse las Administraciones Públicas en sus relaciones con los ciudadanos. Y no cabe duda de que algo se ha avanzado: basta echar un vistazo a las web de tantos organismos públicos, donde se obtiene una abundante información, antes inaccesible. Pero en el proceso de toma de decisiones queda un largo trecho por recorrer.

Tomo pie en el reciente ejemplo de las noticias en torno al sector eléctrico español. No es normal que cuestiones de tanta trascendencia como son las que afectan a nuestras fuentes de energía, a la seguridad del suministro y, en resumidas cuentas, a un sector industrial que afecta a muchos grandes y pequeños inversores, se planteen todas a la vez y sin previo aviso, al hilo de una anunciada subida de tarifas; y lo que es peor, sin que haya existido un flujo de ideas y opiniones, expuestas de forma reposada y sin sobresaltos, entre reguladores y regulados. Algo no se está haciendo bien. Las consecuencias de esa falta de participación son graves: desde inexactitudes de bulto en los datos que se manejan, hasta propuestas que se lanzan como globos sonda y luego se retiran, sin tener en cuenta que estamos hablando de actividades a las que perjudican de forma muy seria los rumores y especulaciones. Por otra parte, se produce la paradoja de que ese fácil acceso a la documentación que los organismos cuelgan en sus web se convierte en un arma de doble filo cuando se hacen públicas conclusiones poco meditadas o incluso documentos que contienen datos confidenciales de las empresas, que éstas nunca pensaron que se harían públicos. El diálogo regulatorio sirve para prevenir los efectos perniciosos de la regulación cuando aún se está a tiempo.

No entro en el fondo del debate, lo cual no quiere decir que no tenga mi propia opinión al respecto. No vendría mal, ya que hemos optado por incorporar el modelo anglosajón de las Agencias y organismos reguladores -creando, por cierto, unas administraciones especializadas que han realizado una encomiable labor en estos últimos años- que diéramos un paso más e imitásemos su funcionamiento; sus audiencias públicas, con testimonios escritos y audiovisuales de los interesados (usuarios, inversores, empresas del sector), sus cauces de comunicación, que permiten un debate fructífero: lo que la doctrina ha dado en llamar el «diálogo regulatorio». Luego se tomará la decisión que proceda por quien está legitimado democráticamente para tomarla. Pero será una decisión razonada y racional.

Todo esto es bien conocido. Muchas publicaciones lo describen. Una pléyade de administrativistas han escrito sobre el tema, tras estudiarlo de primera mano, muchos en la Harvard Law School o en otros centros de prestigio. Yo creo que estamos a tiempo de pasar de la teoría a la práctica.