SEGÚN los últimos datos publicados por el periódico «Magisterio», el fracaso escolar afecta a cerca del 30 por ciento de los alumnos, el porcentaje más alto desde 2000 y con un incremento de tres puntos desde este año hasta 2005. El mapa del fracaso de los alumnos españoles se concentra en Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias, Andalucía, Murcia y Extremadura, comunidades que superan el 29,6 por ciento alcanzado por la media nacional. Ceuta y Melilla son casos especiales que superan el 40 por ciento. En el reverso de la situación se encuentran Asturias, País Vasco, Navarra y Castilla y León, cuyos porcentajes oscilan entre el 14,9 por ciento de la primera y el 20,9 por ciento de la última.
Al aumento de los alumnos que fracasan se suma la distancia que separa a la comunidad con peor resultado de la que obtiene el mejor (con una diferencia de 23 puntos porcentuales), lo que quiere decir que se está abriendo una sima social en materia educativa con consecuencias muy negativas para la formación general de los jóvenes y su adecuación para el mercado de trabajo. Estos datos revelan que el sistema educativo acusa el golpe de varios errores de planteamiento que, a pesar de todo, se mantienen inalterados. El primero es que el modelo de educación se ha impregnado de una evidente falta de ambición formativa, en sintonía con una actitud social generalizada que no premia el esfuerzo, el sacrifico ni la dedicación al estudio. Suele cuestionarse si los colegios e institutos son o no suficientemente exigentes con los alumnos. El problema, en cambio, y aunque haya algunos casos concretos de dejación por parte de los centros, es si la sociedad está dispuesta a ser exigente con la formación de los jóvenes y a aceptar que su enseñanza se base en criterios de disciplina, conocimiento y dedicación. En este sentido, la colaboración de los padres es imprescindible para dotar al sistema de mayor nivel de calidad y como ésta colaboración no se produce ni los poderes se sienten obligados a revisar sus normas educativas, ni el profesorado cuenta con el respaldo necesario para ejercer su labor con autoridad. La experiencia diaria de los maestros muestra cómo aumenta el proteccionismo paterno al alumno no sólo frente a cualquier decisión disciplinaria del centro, sino también a un simple suspenso. El incremento de agresiones a profesores por parte de familiares de alumnos es todo un síntoma de esta situación.
El segundo error es la fragmentación territorial del sistema educativo. Obviamente, no se puede aspirar a un mismo nivel de excelencia académica en todas las comunidades autónomas, porque cada una de ellas presenta factores propios, como la población escolar, los recursos asignados o el impacto inmigratorio en la conformación del alumnado. Esto último obliga, como debe ser, a la organización de planes específicos de refuerzo académico y lingüístico, con la consiguiente repercusión en el rendimiento general. Pero precisamente por estos factores territoriales es necesario que desde los poderes del Estado se creen los medios legales adecuados para cohesionar el sistema educativo español, sin lo cual no sólo seguirá instalado en la mediocridad académica y en la fragmentación social, sino que dificultará, como ya está sucediendo, cualquier proyecto político, cultural o económico que se base en una idea nacional y común de los españoles.
Si la discusión en Cataluña consiste en dejar la enseñanza del castellano en dos horas o tres a la semana; si el alumno de Bachillerato podrá pasar de curso aunque suspenda la mitad de las asignaturas; si cada vez que se habla de una examen general de conocimiento salen a la luz todos los prejuicios «progresistas» contra la cultura del esfuerzo y el estudio -como los que dedicaron a la Comunidad de Madrid por hacer a todos los alumnos madrileños una «Prueba de Conocimiento y Destrezas Indispensables»-, lo previsible es que en el futuro los porcentajes del fracaso escolar no disminuyan y que la formación de los alumnos sea cada vez más deficiente.
