Armas y municiones recogidas por la Guardia Civil y los Carabineros durante la proclamación del Estado Catalán - Josep Brangulí

El desleal papel de los Mossos d'Esquadra en el golpe catalán del 34: una puñalada trapera al Estado

Pérez i Farrás, antiguo españolista exaltado, defendió el Palacio de la Generalitat con esta unidad autonómica, que en sus orígenes había nacido para perseguir a «sediciosos» a finales de la Guerra de Sucesión

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Once horas duró el viaje hacia el caos. El 6 de octubre de 1934, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, proclamó de forma unilateral «el estado catalán dentro de la República federal española». Lejos de ser una movilización independentista, Companys justificó su golpe como una respuesta ante una Cataluña y una República en grave peligro desde que las fuerzas conservadoras habían accedido a la presidencia de Gobierno. Un órdago para movilizar a la ciudadanía y forzar al Estado a que cambiara sus políticas, en el que los secesionistas contaron con la fidelidad de los Mossos d'Esquadra (entonces con muchos menos efectivos que en la actualidad).

Disparos contra los militares

Proclamado el golpe, la Guardia Civil, que también estaba bajo el mando de la Generalitat, y la mayor parte de los efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado se pusieron del lado de la legalidad. También la mayoría de la Guardia de Asalto, no así una pequeña parte bajo el mando del teniente coronel Joan Ricart. Por su parte, los Mossos, una policía particular de este territorio, se colocaron del lado de los secesionistas bajo la dirección del excesivo Pérez i Farrás. Lo cual no deja de ser paradigmático dado que, en sus orígenes –en los años posteriores a la Guerra de Sucesión (1714)– esta fuerza autonómica ocupó su tiempo, sobre todo, persiguiendo a «sediciosos», esto es, aquellos que aún alentaban en el campo catalán la causa contra la dinastía borbónica.

El fracaso de Companys se consumó porque la ciudadanía no llenó las plazas como en abril de 1931, cuando se proclamó la Segunda República, lo que condenó «al estado catalán» a languidecer en cuestión de horas y a convertirse en una camino hacia ninguna parte. En la noche del 6 de octubre de 1934, los Mossos defendieron el palacio de la Generalitat cuando el general Batet, que estaba al frente de la IV División orgánica, declaró, de acuerdo al gobierno del catalán Lerroux, el estado de guerra y envió sus tropas al edificio para asediarlo y arrestar a Companys.

Según el informe judicial realizado durante el Consejo de Guerra contra Pérez i Farrás, fuerzas del Ejército acudieron a primera hora de aquella noche a la plaza de Sant Jaume (entonces de la República), donde a las ocho y diez minutos de la tarde Lluís Companys había proclamado la República Catalana. Fernández Unzué, con dos secciones (una la primera batería y otra de la cuarta, del primer regimiento de artillería de montaña), mantuvo en ese momento una breve conversación con el comandante de los Mossos pidiéndole que se pusiera del lado de la legalidad:

–¿A dónde vais? –le interrogó Pérez i Farrás–.

–A tomar la Generalitat –contestó Fernández Unzué–.

–Tengo órdenes concretas de defenderla, y no la tomarás.

–Eso lo veremos.

Tras el diálogo, el comandante de los Mossos lanzó un grito de «¡Viva la República Federal!». A lo que el militar replicó con un «¡Viva la República española!».

Mientras Fernández Unzué y sus hombres colocaban la artillería en la plaza, los Mossos abrieron fuego desde la Generalitat y el Ayuntamiento. En el tiroteo resultaron heridos levemente en un hombro el capitán Kúnel y siete soldados, de los cuales uno falleció poco después y otro quedó en estado gravísimo. También mataron un mulo y resultaron heridos otros tres. Los primeros disparos sembraron, como es natural, la alarma entre las numerosas personas que se encontraban en la Plaza de la República y que huyeron en todas direcciones. Daba comienzo una noche toledana.

Cañones del Ejército español usados para conseguir la rendición de los rebeldes.
Cañones del Ejército español usados para conseguir la rendición de los rebeldes.-Josep Brangulí

A las dos de la madrugada del día 7, los guardias de asalto rebeldes, atrincherados en la sede de la Comisaría General de Orden Público —en la Via Laietana—, decidieron cesar la resistencia. Al ser consciente del fracaso de Companys, Joan Ricart ordenó a los soldados bajo su mando que no disparasen a los soldados que se dirigían a la plaza de Sant Jaume. El edificio fue entregado sin apenas resistencia.

Sin embargo, los Mossos d'Esquadra, unos 300, dirigidos por el capitán Escofet, se mantuvieron fieles a los políticos secesionistas, a pesar de las vacilaciones de muchos de sus miembros, A las seis de la mañana cuando el president Companys tuvo conocimiento de que tanto los guardias de asalto como los milicianos armados por la Generalitat se habían desmovilizado, llamó al general Batet para comunicarle su rendición. Al mismo tiempo ordenó a los Mossos de Esquadra que cesaran los disparos y entregaran las armas.

El diario ABC publicó el 10 de octubre una noticia en la que informaba de cómo 70 mossos de esquadra se habían entregado «a la Benemérita» en Barcelona: «Alrededor de las siete de la mañana del domingo, cuando se supo por radio la rendición de la Generalidad, llegó […] un grupo de unos setenta guardias de la Generalidad, en correcta formación, precedidos por uno de ellos que llevaba un pañuelo blanco en la mano. Al llegar […] se alinearon en correcta formación, entregándose a la Benemérita, quien les desarmó y les mandó detenidos en una camioneta».

Los mossos fueron liberados en los días siguientes y regresaron a las localidades donde ejercían el servicio. Se consideró que la mayoría se había limitado a cumplir órdenes sin el menor afán político. El cronista de ABC habló en esas fechas con algunos de los mossos involucrados en el golpe, «todos los cuales se muestran bastante indignados de la actuación a que las autoridades les habían obligado en los últimos tiempos y especialmente en la noche del sábado al domingo».

Muchos aseguraron que se habían negado a disparar contra los soldados, y que Pérez Farrás, cuando se vacilaba en rendir la Generalitat, llegó a amenazarles con sus fusiles diciendo que si no luchaban les mataría él mismo.

El mayor castigo para los militares

El balance de bajas en Barcelona, entre civiles y militares, fue de unas cuarenta, mientras se registraron algunos incidentes en el resto de Cataluña, con la quema de templos y la destitución de varios alcaldes de derecha. El golpe finalizó con escaso eco en la mayor parte de Cataluña.

Companys y los miembros de su gobierno fueron detenidos y trasladados a los buques Uruguay y Ciudad de Cádiz, acondicionados como prisión. El comandante Pérez i Farrás, también detenido, fue acusado de rebelión militar y alta traición, y de iniciar los disparos frente a la Generalitat, que habían ocasionado varias víctimas. Su condición de jefe del Ejército le hizo acreedor de un trato más severo que el de los civiles.

En agosto de 1935, Pérez i Farrás se quejó en una carta del trato de favor que recibían los políticos, en contraste con su situación: «De mis compañeros de carrera, que están todos en Cádiz, lo mismo que el Gobierno de la Generalitat, si no encantados, por lo menos en muchas y mejores condiciones materiales y morales que yo, pues incluso tienen a sus familiares viviendo en Cádiz (…) y tienen facilidad de verlos todos los días».

Pasional y de lealtades cambiantes, Pérez i Farrás había sido un ferviente españolista antes de convertirse al catalanismo. Antiguo comandante de artillería del Ejército español, Farrás fue nombrado en 1931 jefe de los Mossos por el presidente de la Generalidad de Cataluña, Francesc Macià.

Como otros mossos, justificó su participación en el golpe en que seguía las órdenes de «un poder legalmente constituido». Así y todo, Pérez i Farrás fue condenado a muerte, junto con el teniente coronel de la Guardia de Asalto, Eduardo Ricart Marco, y el capitán de los Mossos Frederic Escofet. Este último encabezó la resistencia en el Palacio de la Generalitat hasta la madrugada.

Disturbios al final de la Rambla de Santa Mónica, allí donde fue tiroteado un piquete republicano que iba a proclamar el estado de guerra.
Disturbios al final de la Rambla de Santa Mónica, allí donde fue tiroteado un piquete republicano que iba a proclamar el estado de guerra.-ABC

Las penas de muerte fueron conmutada finalmente por la de prisión perpetua por el presidente de la República, Alcalá Zamora. No obstante, con la llegada al poder del Frente Popular se amnistió a los golpistas, en 1936, y se les permitió regresar como héroes de la causa a Cataluña. Restaurada la Generalitat, Pérez i Farrás recuperó su puesto al frente de los Mossos d'Esquadra y fue uno de los oficiales que contribuyó a sofocar la revuelta militar de julio de 1936 en Barcelona, al detener al general Manuel Goded.

Durante la Guerra Civil, Farrás fue nombrado «jefe militar» del Comité Central de Milicias Antifascistas y posteriormente destinado al Frente de Aragón como asesor militar de la columna Durruti. Ejerció, además, como gobernador militar de Tarragona y, posteriormente, de Gerona. Al acabar la Guerra Civil se exilió a México, donde falleció en 1949.

Frederic Escofet ocupó, por su parte, el cargo de jefe de seguridad de la Generalitat, en vísperas del golpe de julio de 1936, y creó un servicio de inteligencia para esta institución. No en vano, este antiguo miembro de los Regulares en la Guerra de Marruecos fue acusado por los anarquistas de ser enemigo de la República (al parecer por haber ayudado a unos religiosos a huir al extranjero) al estallido de la Guerra Civil, tras lo cual el presidente Companys lo envió a Francia.

Volvió en 1937, siendo ascendido a comandante y nombrado jefe de Estado Mayor de la Brigada de Caballería del frente de Aragón (la 4.ª Brigada de Caballería), donde resultó herido dos veces. Al igual que otros republicanos catalanes, pasó por el campo de concentración de Argelès-sur-Mer y, posteriormente, fue ministro del gobierno de la República española en el exilio hasta 1962. Murió en Barcelona en 1987.