Un joven de 27 años alegará hoy ante el juzgado de guardia de Elche «objeción de conciencia» para justificar su decisión de no acudir como vocal a la mesa electoral que le ha sido asignada para el 20-N. El joven, miembro de un grupo
ENTREVISTAFernando Lamata CotandaConsejero de Salud y BienestarEn Castilla-La Mancha sólo se realizan abortos en centros privados concertados con la Administración regional. Todos los médicos que trabajan en hospitales públicos ejercen objeción
El Consejo de Ministros aprobará hoy previsiblemente la Ley de Muerte Digna, la normativa nacional que regulará los derechos de los pacientes y los deberes del personal sanitario en el cuidado de los últimos días de vida del paciente.Lo hace con
El Comité de Bioética que creó el Gobierno en 2007 ha hecho público un informe que propone regular la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios, pero que condiciona este derecho a que se garantice «en todo caso la prestación de
El Colegio Oficial de Médicos de Toledo ha mostrado públicamente su mayor satisfacción por la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que ampara el derecho a la objeción de conciencia por parte de los médicos
El Pleno de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Toledo, celebrado el miércoles, ha acordado impugnar el Código de Deontología Médica-Guía de Ética Médica, aprobado el pasado 9 de julio por la OMC (Organización Médica Colegial), por
La «reforma Aído» intenta abrirse camino en la sanidad pública con el miedo como arma preferida por los gobiernos socialistas para frenar las objeciones de conciencia, según denuncian los propios profesionales. En el día a día de la realidad
Los profesionales de la sanidad que se oponen a practicar abortos cuentan desde ayer con una guía que recoge una serie de consejos para objetar y solventar las disposiciones de la ley Aído, «dictadas para tratar de restringir el derecho a la
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Como era previsible, la aplicación por los jueces de la ley del aborto refleja las insuficiencias y ambigüedades de una norma impulsada por los sectores radicales de la izquierda con la complicidad de Rodríguez Zapatero. Un juez de Málaga estima