«Nos conformamos con que Apple pague por los cinco millones de iPod vendidos en España el año pasado», afirmó ayer Pedro Farré, director de Relaciones Corporativas de la Sociedad General de Autores, con motivo de la celebración en Bruselas de la primera Cumbre del Derecho de Autor, que reúne durante dos días a representantes de la industria cultural, de las nuevas tecnologías, delegados de los consumidores, políticos, sociedades de autores y artistas, como el antiguo componente de Mecano José María Cano, que lamentó que la cultura «sufra una herida de muerte». A la manzana de la discordia estadounidense no paran de salirle enemigos. No obstante, la cuestión de fondo que provoca la irritación de los autores españoles es el limbo legal en el que se encuentran. Y es que España es el único país de la UE en el que los autores no reciben una compensación por la venta de aparatos de reproducción y almacenamiento como los iPod.

Lo cierto es que la nueva ley de Propiedad Intelectual española, aprobada el pasado mes de junio, consagra la remuneración a los autores y extiende el canon por copia privada a cualquier «soporte idóneo» para grabar y reproducir archivos. Sin embargo, este texto, que pretendía adaptar la legislación española a la normativa europea, contemplaba al mismo tiempo un período de seis meses de autorregulación de las industrias que no ha hecho más que prolongar el desconcierto que se vivía antes y dar como resultado una lógica falta de regulación.

Paralelamente, la ley contemplaba la creación de una comisión interdisciplinar que arbitraría los conflictos con el pago del canon, sin embargo, su creación a día de hoy está tan paralizada como la orden ministerial que debe todavía establecer qué soportes digitales estarán sujetos al canon y la cuantía de las tarifas que se le aplicará a cada uno de ellos.

El resultado es un descontento general entre los autores españoles a los que la industria les invitó ayer a aprovechar las nuevas posibilidades de internet y crear nuevos sistemas de distribución. José María Cano respondió en nombre de los autores que es «ridículo» obligar a los autores «a buscarse la vida» mientras la industria de las telecomunicaciones «consigue muchos millones a través de las descargas por internet».