Los obispos de Bilbao, Vitoria y San Sebastián (el arzobispo de Pamplona, que habitualmente se une a los tres prelados en sus documentos, no firma en esta ocasión) han hecho pública una pastoral conjunta, «Preparar la paz», en la que reflejan el análisis de la jerarquía local sobre la situación del País Vasco. Es un documento extenso, con planteamientos muy meditados y expresados con palabras medidas e intenciones muy sutiles, pero perfectamente identificables y coherentes con el talante habitual en las tomas de posición de la Iglesia vasca. El documento muestra unos criterios claros y definidos contra el terrorismo de ETA, al que se considera «incompatible» con la paz. También los amenazados por ETA merecen de los obispos una reivindicación expresa de apoyo social.
Sin embargo, los argumentos dedicados por los obispos del País Vasco para fundamentar su posición frente a ETA y en apoyo de los amenazados se ven inmersos en un encadenamiento posterior de valoraciones que retornan la carta a las prácticas anteriores de compensación de reproches, de corrección retributiva a unos y a otros, de inmersión de la violencia en un magma en el que nadie es totalmente malo ni totalmente bueno. Esta pauta explica la admonición pastoral de que «no todo vale contra el terrorismo», que, por obvia y compartida, sugiere que no se está respetando. También da coherencia a la afirmación de que ETA no es el único problema para alcanzar la paz, porque hay un «conflicto entre identidades nacionales contrapuestas». No obstante, los contenidos más discutibles e impropios de esta carta son aquellos en los que los obispos muestran unos juicios políticos muy arriesgados, y que suenan a la música que se oye en los discursos nacionalistas. Estos juicios emplazan nuevamente a la Conferencia Episcopal a pronunciarse sobre las valoraciones de la jerarquía vasca, con el antecedente, fresco en la memoria, de la negativa rotunda a apoyar el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo.
Hablan los obispos de «la relatividad de las diferentes fórmulas políticas», es decir, de la legitimidad de superar -eso sí, democráticamente, insisten los prelados- el modelo institucional vigente; y asumen la responsabilidad pedagógica de recordar que no hay que confundir nacionalismo con terrorismo. Es una lástima que los obispos no utilicen el mismo criterio para liberar al constitucionalismo o a la identidad española de la perversa sinonimia que ETA y el nacionalismo les han endosado con represión, tortura, fascismo, etcétera.
El punto más sensible del documento, el que desborda los límites pastorales de las intenciones de los obispos, es la valoración del proyecto de ley de Partidos Políticos, «un asunto candente y resbaladizo» que «se ha propuesto el Gobierno español», sobre el que los prelados no sólo vaticinan que agudizará «la división y la confrontación cívica», sino también dudan de que aumente la seguridad de los amenazados. Este juicio negativo sobre el proyecto de ley de Partidos es un grave error de la jerarquía vasca, porque obliga a recordar su silencio cuando en 1998 se formó el frente nacionalista, basado en los pactos de ETA con el PNV y EA, con el objetivo declarado de marginar a los partidos no nacionalistas. Nada se advirtió entonces sobre los peligros de pactar con una organización terrorista ni de promover políticas excluyentes ni de las ofensas que recibieron las víctimas desde las instituciones democráticas controladas por los nacionalistas. Lo que ha provocado esta reacción conjunta ha sido, sin embargo, un proyecto de ley amparado por más del 90 por ciento del Parlamento y del 74 por ciento de la sociedad española, que persigue conductas tan anticristianas como el racismo, la xenofobia o la violencia y que reivindica, ante todo, el carácter absoluto de los valores constitucionales como la libertad y la vida. Los obispos del País Vasco han cometido un grave error que, como pastores de la Iglesia, volverá a desconcertar a una parte importante de la comunidad cristiana.
