José Luis Rodríguez Zapatero
MADRID. El PSOE dedica en su documento un epígrafe específico a los sindicatos. La propuesta 174, se titula «Los sindicatos en la democracia», y partiendo del nuevo impulso democrático que defenderán en la legislatura, concreta la necesidad «inequívoca» del papel «más relevante» que deben desempeñar los sindicatos. Reconoce que constituyen una «fuerza social decisiva» y son un instrumento de participación ciudadana, al contar con más de dos millones y medio de afiliados y más de 250.000 delegados.
Para lograr el nuevo papel que el PSOE quiere que jueguen los sindicatos propone «fortalecer» el sindicalismo, para lo que es preciso potenciar su intervención en la negociación de las condiciones de trabajo e «implicarlos de manera más directa en la toma de decisiones políticas» que afecten al interés de los trabajadores.
Dado este nuevo papel institucional, el PSOE cree que deben «disponer de capacidad para hacer oír su voz» a fin de que el Gobierno legisle, así como en «la toma de decisiones en las instituciones regionales, nacionales y europeas». Este aspecto -añade el documento marco- debe «articularse legalmente», y en «concordancia con ello, promoveremos la mejora de los instrumentos de financiación pública de la actividad sindical» ya existentes.
Mercado laboral
Una de las cuestiones de más candente actualidad, como es la negociación colectiva y la reforma que se auspicia desde el PP, es abordada en el documento socialista en la dirección de «facilitar y potenciar» el papel constitucional de sindicatos y empresarios como los responsables de la representación colectiva». Esto es, apuesta por su total autonomía, tal y como vienen reclamando los agentes sociales y, pretende, como defienden los sindicatos, que los convenios se extiendan a todas las actividades y empresas.
Sobre la legislación laboral, el PSOE -coincidiendo con las manifestaciones del secretario general de UGT, Cándido Méndez, a ABC- apuesta por revisar «a fondo» la temporalidad, reduciendo las modalidades y simplificando los tipos de contrato. Pretenden revisar el trabajo a tiempo parcial y el contrato fijo-discontinuo. Para incentivar la contratación fija proponen una reducción de las cotizaciones sociales por desempleo en los contratos fijos y el incremento de las mismas en los temporales. Precisamente, sobre las bonificaciones a la contratación pretenden una reforma del actual sistema para que sólo se concedan a la contratación de los colectivos más desfavorecidos. Además, proponen reformar el INEM; incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 600 euros mensuales o intensificar el papel de la inspección de trabajo para reducir la precariedad y siniestralidad.
También incluyen medidas para autónomos como un programa de bonificaciones de cuotas al régimen; apoyar el autoempleo de los parados; elaborar el Estatuto del Trabajador Autónomo; regular el trabajo autónomo dependiente o mejorar su fiscalidad.
Pensiones
En cuanto al sistema público de pensiones,el PSOE parte del reconocimiento a las recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas en 2003. Y en base a sus orientaciones propone introducir reformas para mejorar las prestaciones a los colectivos más desfavorecidos: mejora de las pensiones mínimas con subidas «superiores al IPC»; mejora de la pensión de viudedad (aumentar la base reguladora de las pensiones más bajas acercándolas al 70% -ahora en el 52%-); elevar la pensión de orfandad a los 25 años; equiparar las pensiones de viudedad del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) o de las pensiones mínimas del SOVI a las del régimen general. Considera que estas mejoras supondrán 4.000 millones.
Por lo que se refiere a la edad de jubilación, insisten en su voluntariedad para aquellos que quieran prolongar la vida laboral, y proponen medidas sobre la jubilación anticipada como prohibir la utilización de recursos públicos para ajustes laborales; proteger de forma más adecuada a los prejubilados, creando un fondo específico para su cobertura y abriendo la posibilidad a los trabajadores autónomos para que puedan acceder a la prejubilación.
Gasto público e impuestos
Aumentar la productividad de la economía y el ahorro de las familias son los dos grandes objetivos de la política económica que pretende llevar a cabo el PSOE si gana las próximas elecciones. Para ello apuesta por cambiar el papel del sector público y el destino del gasto, eso sí con dos límites: mantener la presión fiscal actual y no sobrepasar los límites actuales de la presencia del sector público en la economía, es decir, no aumentando el porcentaje del gasto público sobre el PIB.
El programa socialista defiende, en este sentido. una reforma del sistema impositivo actual, aunque no especifica si se adoptará o no el tipo único del IRPF, y una reorientación del gasto público hacia la inversión productiva. El Estado, insiste el documento del PSOE, «debe prestar más y mejores servicios públicos con los mismos recursos».
Vivienda
El objetivo en materia de vivienda es que ningún español tenga que destinar más del 30% de su renta para disfrutar de una vivienda digna. Para ello, el PSOE se compromete a establecer un acuerdo entre las tres Administraciones de forma que todos los suelos de propiedad pública se destinen, preferentemente, a la promoción de vivienda protegida en alquiler o en derecho de superficie. Con ello se pretende garantizar el acceso a la vivienda, a un precio asequible, a 180.000 familias al año. Para fomentar el alquiler, se crearía una Agencia Pública que establecería acuerdos con los propietarios dispuestos a alquilar su vivienda a un precio moderado.
Comercio y Turismo
Avanzar en la flexibilación de los horarios de apertura de los establecimientos comerciales, para aumentar las posibilidades de elección de los ciudadanos, es otro de los objetivos. Además, se proponen programas de apoyo al pequeño comercio, basadas en el estímulo a la competencia; análisis de las operaciones de crecimiento en el sector de la distribución para evitar que ninguna enseña detente cuotas de mercado superior al 25% en el ámbito nacional o provincial. Otro objetivo es la disminución del 2.500 a 500 metros cuadrados, del tamaño de los supermercados para cuya apertura se exige licencia autonómica.
En materia de turismo se aboga por armonizar el desarrollo turístico con la sostenibilidad del territorio, para lo que se proponen límites al uso del suelo y medidas para la recuperación de destinos saturados.
