MADRID. El Ministerio Fiscal ha solicitado la inhabilitación durante tres años para el ejercicio de sus funciones de dos educadores y tres vigilantes de un centro de menores de Madrid, a los que acusa de haber reducido con excesiva violencia a un interno, ahora mayor de edad. Además, solicita que los procesados paguen una multa de 480 euros e indemnicen a la víctima con 210 euros.
Los cinco imputados iban a ser juzgados ayer en el Juzgado de lo Penal número 25 de Madrid, pero la juez acordó finalmente la suspensión de la vista al entender que la gravedad de los delitos de los que se les acusan hace que sea la Audiencia Provincial de Madrid el Tribunal competente.
Según relata el fiscal en su escrito de calificación, los hechos ocurrieron el 7 de julio de 2002, cuando Younes C. y otro interno regresaron al centro de menores después de haber disfrutado de un permiso de fin de semana.
Después de cenar, Younes comenzó a proferir gritos y a golpear la puerta de su habitación, por lo que acudieron los dos educadores -padre e hijo- en compañía de tres vigilantes de seguridad. «Con el pretexto de inmovilizar al rebelde -señala el fiscal- los cinco trabajadores infligieron al menor golpes cuya única justificación era el desquite».
A la mañana siguiente, el ATS del centro examinó al interno e hizo constar en su informe una tumefacción en el ojo izquierdo, diversos golpes en la cabeza y hematomas en un brazo y en la espalda.
La acusación, ejercida por la familia del menor y por la Coordinadora de Barrios, imputa a los trabajadores un delito de torturas, por lo que solicita no sólo ocho años de inhabilitación, sino su ingreso en prisión.
