Tras el Apim llegó el Arbitrio sobre la Importación y la Entrega de Mercancías (Aiem), formalizado por los gobiernos canario y español ante la Comisión Europea. El Aiem encontró la oposición frontal de las tabacaleras, que ya habían abandonado el Archipiélago, y se negaban a reconocer la «insularidad, lejanía, y peculiaridad» de una región ultraperiférica que difícilmente podría luchar sin un nuevo arancel a la importación.
La aparición del Aiem se produjo en el año 2002 para rescatar la maltrecha salud del sector. Las compañías tuvieron que plegarse ante la nueva situación fiscal aunque sólo fuera para salvar el abastecimiento del mercado local. Las medidas que se tomaron para que el tabaco producido en Canarias no muriera también contemplaron una modificación del Impuesto General Indirecto Canario (Igic).
El Gobierno de Canarias se vio obligado a introducir en 2001 una reducción de cinco puntos en el tipo incrementado del Igic aplicado sobre los cigarrillos rubios, que situó en un 35 por ciento.
