Quizás a los más viejos del lugar les resulte posible, pero a mi me resulta realmente difícil recordar algún momento en nuestras ya tres décadas de democracia en el que el Tribunal Constitucional y su ejecutoria hayan estado más cuestionados de lo que lo están en estos momentos. Probablemente haya que remontarse a los ya lejanos tiempos (agosto de 1983) en los que el alto Tribunal sentenció salomónicamente que determinados aspectos de la Ley que pretendía «armonizar» el proceso autonómico eran compatibles con el diseño constitucional del mismo, mientras que otros iban, por el contrario, excesivamente lejos; o al momento (abril de 1985) en el que sentenció que la práctica del aborto podía en determinadas circunstancias ser compatible con el derecho a la vida reconocido por la Constitución, para toparnos una situación equiparable a la actual en la que el Tribunal Constitucional parece haber sustituido al Parlamento como la arena en la que las fuerzas políticas del país intentan lidiar las cuestiones políticas de mayor trascendencia.
Pero aunque la tensión que ahora rodea al Tribunal Constitucional no fuere del todo novedosa, mucho me temo que la situación actual difiere de todas las anteriores en al menos dos aspectos, que la agravan de manera considerable.
El primero es de orden meramente cronológico. Ya no estamos ante una institución novedosa, de trayectoria todavía errática, con un prestigio aun por adquirir, escasamente conocida entre la ciudadanía y aun no aceptada del todo por la clase política, como podría haber sido el caso en los dos episodios antes citados, cuando el Tribunal intentó resolver dos cuestiones tan altamente polarizadoras de la opinión pública como el aborto y la vertebración territorial de España pertrechado únicamente con el Título IX de la Constitución, su Ley Orgánica y sus escasos años de existencia. Hoy nos hallamos, por el contrario, ante un Tribunal que ha cumplido ya un cuarto de siglo de trabajo intenso y -en general- positivo, y que ha prestado impagables servicios a la consolidación en este país de un Estado de Derecho y de un generoso régimen de libertades.
El segundo, en cambio, es de naturaleza más trascendente. Nadie -al menos, no yo- disputa que las resoluciones del Tribunal Constitucional puedan ser criticadas. Ni su condición de máximo intérprete de nuestra Constitución, que deriva de las competencias que ésta le confiere en sus artículos 161 y 163, ni el «valor de cosa juzgada» que revisten sus sentencias y la irrecurribilidad de las mismas, consagradas por el artículo 164, impiden que cualquier ciudadano, político o académico propongan su propia interpretación de la letra y el espíritu de nuestra Constitución. De hecho, algunos nos ganamos la vida haciendo precisamente eso desde las aulas universitarias, en la convicción de que el análisis y la crítica de la jurisprudencia constitucional contribuye de manera positiva al avance de nuestro sistema político. Pero a lo que de un tiempo a esta parte estamos asistiendo no es tanto a la crítica de la ejecutoria del Tribunal Constitucional o de concretas resoluciones del mismo, como a la sistemática deslegitimación de su existencia y del decisivo papel que la Constitución le confiere -y ese es un terreno verdaderamente peligroso.
La reciente recusación de Pablo Pérez Tremps, y la eventualidad de un Tribunal operando con solo once de sus magistrados pudiera imponer un sensible recorte del Estatuto catalán salido de las Cortes ha generado mucho nerviosismo en algunos foros, desatando toda una campaña de deslegitimación preventiva de la institución. A falta de una sentencia que analizar, valorar y eventualmente criticar, desde el nacionalismo y el socialismo catalanes se ha empezado a desempolvar sin demasiado disimulo todo el viejo arsenal de argumentos con el que históricamente se ha cuestionado la justicia constitucional, y que probablemente pronto veamos retornar al debate político con todo lujo de detalles: que una docena de jueces pertrechados detrás de sus togas no pueden imponer su voluntad a todo un parlamento; que la voluntad popular no puede ceder ante argumentos legalistas apenas comprensibles; que los magistrados constitucionales son tan conservadores y tan reacios al progreso como todos los jueces que en el mundo han sido o -en fin- que el modelo político consagrado en la Constitución de 1978 es hijo de unas circunstancias históricas ya superadas, y que el Tribunal Constitucional no es sino un obstáculo para su superación. En suma: que si el Constitucional resolviera que el Estatuto catalán es inconstitucional, el problema no estaría en el Estatuto sino en el Tribunal o, incluso, en la propia Constitución.
Y ese es -digámoslo alto y claro- un salto cualitativo sumamente peligroso. Peligroso, en primer lugar, para el propio sistema democrático que se pretende defender. La existencia de un sistema de justicia constitucional no tiene como objeto colocar a los jueces por encima de los representantes de la soberanía nacional, sino a la Constitución que la mayoría de los españoles aprobaron por encima de la ley que la mayoría de los parlamentarios pudiera eventualmente adoptar, en la medida en que la primera entraña un vasto acuerdo político cuya trascendencia histórica es preciso salvaguardar de coyunturales discrepancias.
Es cierto que no en todos los sistemas políticos contemporáneos y no en todos los periodos de nuestra historia constitucional se considerado esencial contar con la institución como el Tribunal Constitucional cuya trayectoria, no lo olvidemos, data de menos de un siglo atrás. Pero ni el constitucionalismo liberal del diecinueve -en el que los perfiles de los derechos constitucionales venían marcados por la punta del sable del gobernador militar de turno-, ni el constitucionalismo socialista del siglo veinte -en el que los derechos existían en tanto coadyuvasen a la construcción de la dictadura del proletariado- parecen ejemplos que valga la pena repetir aquí y ahora.
Y peligroso, en segundo lugar, para las propias reivindicaciones autonomistas de quienes lideran este embate contra la justicia constitucional. La tesis de la soberanía del parlamento es atractiva sólo para quien, y en tanto que, cuenta con mayoría en el mismo. Pero una vez perdida ésta -y la opinión pública, ya se sabe, es harto cambiante- la perspectiva de retornar a la oposición sin la seguridad que supone un Tribunal Constitucional bien pertrechado -de competencias, y de legitimación política- para ejercer con autoridad su función de garante del orden constitucional, puede ser muy poco deseable.
Dicho en términos más sencillos: que en relación con la justicia constitucional, saltar de la crítica a la deslegitimación es tanto como jugar con fuego. Y ya se sabe en estas circunstancias quién es el primero que sale chamuscado.
Profesor de Derecho
Constitucional
de la Universidad
de Valencia
