POR MANUEL BUITRAGO
MURCIA. Tiene todos los ingredientes: unas polémicas subvenciones europeas para reforestar una zona devorada por el peor incendio de la historia reciente de la Región de Murcia; un magistrado del TSJ dueño de parte de los terrenos y que ha sido exculpado por el Tribunal Supremo; y un fiscal, el de Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, que lo considera parte de la supuesta trama negra del agua en la cuenca del Segura. El caso «El Chopillo» fue el germen de todo lo que vino después sobre la gestión del agua en Murcia.
Van siete años. Como si se tratara de un juego de ping pong, las diligencias del caso «El Chopillo» regresan de nuevo a los juzgados murcianos. El supuesto fraude en las subvenciones europeas para reforestar tierras agrarias en esta finca de Moratalla se sigue eternizando por cuestiones de forma, ya que los jueces no se ponen de acuerdo sobre sus competencias. En la causa estaban inicialmente implicados el magistrado del Tribunal Superior de Justicia Mariano Espinosa Jover y otros cinco miembros de su familia dueños de la finca.
Exculpado
El magistrado fue exculpado por el Tribunal Supremo hace tres años, ya que apreció que no incurrió en ningún tipo de delito contra la Hacienda Pública. No obstante, ordenó seguir investigando para «un mayor esclarecimiento de los hechos» al haber implicadas otras personas no aforadas.
El caso de «El Chopillo», que se inició en un juzgado de Caravaca que no apreció ningún delito, fue elevado después al TSJ de Madrid y cayó en el año 2001 en manos del fiscal Emilio Valerio, el mismo que ha denunciado los presuntos robos de agua en la cuenca del Segura. El litigio de «El Chopillo» tiene como trasfondo una disputa por el agua de la zona, entablada por los dueños de la finca colindante que sostienen que su manantial se está secando por culpa de la actividad agrícola y las extracciones de agua de sus vecinos. El TSJ de Murcia dictaminó después que las extracciones en «El Chopillo» eran legales y no afectaban al otro manantial. Así, «El Chopillo», todavía vivo y coleando por los juzgados, fue el germen de todo lo que vino detrás sobre la supuesta trama negra en el Segura.
Lo cierto es que nada se ha esclarecido en estos tres años sobre el uso de esas ayudas europeas para reforestar terrenos agrícolas y pastizales que habían sido pasto de las llamas en el voraz incendio de 1995.
Terrenos forestales
Los denunciantes sostienen que eran terrenos forestales y no agrícolas; que los denunciados no tenían derecho a esas ayudas; y que instalaron gracias a éstas un avanzado sistema de regadío en la finca.
La familia Espinosa apunta que se plantaron nogales y aquellas otras especies que permitía la normativa para terrenos no forestales; a la vez que niega que se hubiera enriquecido con unas ayudas que consideró muy ajustadas. Un portavoz familiar consideró descabellado que se insinuara siquiera que el incendio había sido provocado para beneficiarse después de estas subvenciones, como se ha dejado entrever en alguna fase de las diligencias de la Fiscalía, toda vez que el fuego se inició a 40 kilómetros de distancia de la finca.
Con el magistrado Mariano Espinosa al margen -ya que el Supremo no apreció «imputación alguna inequívoca y relevante contra persona aforada»- los juzgados de Madrid y de Murcia no parecen decididos a hincarle el diente al caso por diferencias de jurisdiccionalidad.
A partir del primer pronunciamiento del Supremo, el juzgado número 36 de Madrid que llevaba el asunto, entonces en manos de Fernando Grande-Marlaska, argumentó que fue el Gobierno de Murcia quien resolvió los trámites de las ayudas europeas, por lo que procedió a «acordar la inhibición ante los juzgados de Murcia».
Competencia estatal
La estancia en Murcia de los papeles de «El Chopillo» duró poco. En junio de 2004 la Fiscalía del TSJ se despachó el caso en un folio con 38 líneas en el que rechazaba la competencia y pidió que se devolviera a Madrid, porque las subvenciones europeas competen al Estado.
El fiscal murciano no se anduvo por las ramas y criticó a Grande-Marlaska. «Resulta insólito y desmoralizador, desde el punto de vista de los propios actos, que un juzgado que ha detentado la instrucción durante más de dos años se aventure ahora a abandonarla, cualquiera que sea a quien complazca, por mor de una interpretación del fuero rabiosamente discutible», señaló en su escrito.
La titular del juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, Isabel María Carrillo Saez, compartió las tesis de la Fiscalía y en abril del año pasado devolvió de nuevo al juzgado 36 de Madrid el caso.
De nuevo este juzgado lo envía al Supremo al plantearse un conflicto de jurisdiccionalidad. El Supremo decide que el caso vuelva a Murcia.
