Cataluña

null

Hemeroteca > 29/04/2006 > 

El Ayuntamiento insiste en que cedió pisos de protección a «okupas» sólo por razones sociales

«Los «okupas» no tienen más derechos por el hecho de serlo, pero tampoco se les puede discriminar por la misma razón», se justifica el concejal de Ciutat Vella

Actualizado 29/04/2006 - 03:11:27

ÀLEX GUBERN

BARCELONA. El trato que el Ayuntamiento de Barcelona da a los «okupas» fue ayer objeto de un encendido debate en el Pleno municipal, la misma sesión, por otra parte, en la que Ferran Mascarell, Núria Carrera y Marina Subirats renunciaron a su acta de concejal con motivo de la remodelación de gobierno emprendida por Joan Clos la pasada semana.

Las buenas palabras y la emoción por las despidas contrastaron con la áspera discusión a propósito del desalojo de la finca de propiedad municipal en la calle Valldonzella número 12. Según se conoció la pasada semana, el Ayuntamiento, a través de la empresa municipal Foment de Ciutat Vella (Focivesa), ofreció a dos familias «okupas» que vivían en el edificio dos pisos de alquiler de protección oficial como compensación por abandonar el inmueble, algo que desde los grupos de la oposición se ha denunciado como inaceptable.

Las denuncias -especialmente desde el grupo del PP- sobre la supuesta «tolerancia y permisividad» del Ayuntamiento con respecto a los «okupas» volvieron a escucharse en un pleno, que no hace muchas sesiones discutía sobre los graves sucesos de la calle Sant Pere Més Baix -un guardia urbano sigue ingresado en estado de coma- o abordaba el problema de la violencia callejera después de los disturbios del «macro botellón».

«Precariedad social aguda»

Acusando a la oposición de tergiversar los hechos, el concejal de Ciutat Vella, Carles Martí (PSC), defendió la legalidad de la actuación municipal, asegurando que a los «squatters» no se les dio ningún trato de favor por el hecho de pertenecer a este colectivo, del mismo modo que tampoco se les «discrimina» por la misma razón.

Martí explicó que en Valldonzella el distrito fue «caso a caso»: de las siete familias residentes en la finca, expropiadapor el Ayuntamiento en 2001, cuatro tenían alquiler vigente -dos fueron realojadas y a otras dos se las indemnizó- y de las otras tres, que se encontraban en situación irregular -pero con derechos sociales adquiridos, según el Consistorio-, una decidió abandonar la finca de forma voluntaria y las otras dos, por su «precariedad social aguda», fueron realojadas en pisos de alquiler protegido. Martí apuntó que ninguno de los otros ocho inquilinos que «okuparon» la finca tras la expropiación de 2001 han recibido compensación.

La justificación por razones estrictamente «sociales» que desde el distrito se hace del realojo contrasta con la que hacen los propios «okupas» de la finca expropiada, que celebran el «precedente» que supone la decisión municipal. «Hay gente en el barrio que lleva años pidiendo un piso, y aquí han dado dos en siete meses. Está claro que querían tapar bocas», aseguraba Iván, un portavoz de los «okupas» desalojados en declaraciones a Vilaweb.

Desde el grupo del PP, Alberto Fernández, consideró que con este tipo de acuerdos «se da a entender que para garantizar que los jóvenes puedan acceder a una vivienda social deben ocupar un piso». Fernández, que pidió la dimisión de los responsables de Focivesa, acusó a Martí de «encubridor» de una situación «insultante» para quienes «hacen las gestiones oportunas para conseguir un piso social». Se estima que sólo un uno por ciento de quienes reclaman uno lo consiguen.

Por su parte, el jefe de filas de CiU, Xavier Trias, pidió una comisión de investigación para aclarar el asunto, ya que, dijo, no debe quedar ninguna duda de que el Consistorio da ayudas a los «okupas» por el hecho de serlo. «Hay que demostrar que todo el proceso fue legal ya que, en caso contrario, estaremos ante un hecho sumamente grave, que puede crear un precedente y por el que entonces sí pediremos dimisiones».

Polémica por un artículo en ABC

La réplica del concejal Martí fue extremadamente dura con los argumentos -«demagógicos e irresponsables», según él- de los representantes de la oposición, a quienes acusó de dar más crédito a los argumentos de los «okupas» que a las explicaciones del gobierno municipal. Al respecto, Martí citó un artículo firmado por Xavier Trias -publicado en ABC el día 25 de este mes- donde éste denunciaba el caso tan sólo un día después de que solicitase información sobre la polémica al Consistorio. «En el artículo de ABC yo no dije ninguna mentira», respondía Trias a las acusaciones de Martí de no esperar a la explicación oficial.

El edil de Ciutat Vella recordaba con anterioridad que este tipo de acuerdos -realojos o ayudas económicas- «no son un caso singular», sino que la empresa Focivesa ya ha ofrecido compensaciones similares en el proceso de transformación del barrio.

El alcalde Joan Clos insistió en que el de la calle Valldonzella se trata de un realojo «justificado por la legislación vigente» y recalcó que «haremos cumplir la ley de forma escrupulosa. Actuaremos con contundencia para dejar claro que ninguno tendrá derechos por el hecho de ocupar una finca».

(Pasa a la página 27)
Búsquedas relacionadas
  • Compartir
  • mas
  • Imprimir
publicidad
PUBLICIDAD
Lo último...

Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U.