En el Congreso se respira unidad en la lucha antiterrorista, pero el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no se libró de las críticas de la oposición durante su comparecencia ayer en Comisión, sobre todo por parte del PP y de UPyD. Rubalcaba fue tajante contra ETA: «Está más débil que nunca, pero que no se me entienda mal: nos pueden hacer mucho daño todavía, nos lo acaban de hacer. Su final está escrito: no alcanzarán jamás ninguno de sus objetivos políticos mediante la violencia».
El ministro apuntó en la Comisión de Interior que la detención del etarra Francisco Javier López Peña, alias «Thierry», «debilita a la banda», porque era uno de los miembros de la dirección de la banda «con más ascendiente». No dijo que era el número uno, como mantuvo el Gobierno tras la operación, y además reconoció que la dirección de la banda «es colegiada». Insistió en que la organización criminal «conserva capacidad para hacer mucho daño». De hecho, Rubalcaba advirtió que es consciente de que las últimas detenciones en Francia «no son el fin de ETA, y de que una cúpula de ETA se verá sustituida por otra el mismo día». «Ya la tienen nombrada», subrayó.
De entrada, Rubalcaba se encontró con la hostilidad del PP. El portavoz popular de Interior, Ignacio Cosidó, trasladó al ministro que para su grupo tiene un «déficit de credibilidad». «Quien ha pilotado el proceso de negociación con ETA no es la persona más adecuada para llevar a cabo esa política de derrota de ETA». Cosidó instó al ministro a decir con claridad que nunca más el Gobierno volverá a sentarse a negociar con la banda.
Treguas sin validez
Rubalcaba no cayó en la trampa, pero sí dijo que cuando ETA rompió la última tregua, dejó sin validez cualquier otro alto el fuego. «Sólo queda ya una declaración unilateral de que pone fin incondicionalmente a la violencia», añadió.
Rosa Díez, portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), prefirió reprender al ministro por decir que ETA está más débil que nunca. «Hace cinco años, sí estaba en un momento de máxima debilidad y a punto de extinguirse. Hoy está dentro de las instituciones democráticas, porque ustedes le han dejado». Díez reprochó al ministro también que haya ahora más terrorismo callejero que hace cinco años, algo que negó Rubalcaba.
En todo caso, todos los grupos parlamentarios expresaron su disposición a apoyar al Gobierno para derrotar a la banda terrorista. El ministro aludió al Pacto contra el Terrorismo. A su juicio, lo que está fuera de lugar en estos momentos es el preámbulo del acuerdo, ya que hacía referencia al Pacto de Estella, que pertenece al pasado. Rubalcaba entiende que el resto tiene plena validez.
Más Policía y Guardia Civil
Uno de los compromisos del ministro ha sido el incremento de las plantillas de la Policía y Guardia Civil, hasta alcanzar de forma estable una plantilla mínima de 140.000 efectivos disponibles, con más formación y subidas salariales incluidas. En concreto, para la lucha contra el terrorismo, el Gobierno aumentará en 500 el número de especialistas. El objetivo es que en ocho años se hayan incrementado en 1.800 los agentes dedicados a la lucha contra ETA y el terrorismo islámico.
La seguridad vial también está entre las competencias de Rubalcaba, que llegó con datos recientes sobre las víctimas en la carretera. En mayo llevamos 161 fallecidos, 34 menos que en el mismo mes de 2007. En lo que va de año, se han producido 838 muertos, 200 menos que en el mismo periodo de 2007, un 20 por ciento menos.
La portavoz de CiU, Merc_ Pigem, puso sobre la mesa una de las reivindicaciones clásicas de su grupo: la incorporación de los distintivos autonómicos en las matrículas. Al ministro no le parece mal, pero recordó que hay Comunidades y fabricantes que se oponen.
Rubalcaba presentó a los diputados un total de 14 modificaciones legislativas previstas por el Gobierno. En primer lugar, quiere aprobar una Ley de Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo (fue prometida hace ya dos años por este mismo Gobierno), que mejore todo el dispositivo legal vigente, sobre todo en cuanto a indemnizaciones, asistencia y reconocimiento se refiere. Con esta norma se reconocerán nuevos derechos sociales para las víctimas y se mejorará su estatuto en el proceso penal.
La reforma de la Ley de Extranjería también está en la agenda. Se pretende aumentar el actual periodo máximo de internamiento en los Centros de Extranjeros, que ahora es de 40 días, para disponer de más tiempo a la hora de llevar a cabo las repatriaciones.
