Años de comparecencias en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo de cientos de ciudadanos, tanto españoles como extranjeros, que denunciaban los abusos urbanísticos que se daban en España dieron ayer por fin su fruto.
El Pleno de la Eurocámara aprobó por amplia mayoría un informe redactado por la eurodiptuada danesa de los Verdes Magrete Auken en el que se acusa a algunas autoridades locales y a una parte del sector de la construcción de tener una conducta especulativa que ha dado como resultado la «urbanización masiva»que ha sufrido España en los últimos años.
Además se da la circunstancia que no es la primera vez que Estrasburgo critica abiertamente el modelo urbanístico español, sino que ya lo hizo anteriormente en 2005 y 2007, en sendas resoluciones.
La novedad de ayer es que la cosa podría no quedarse tranquila cuál balsa de aceite, sino que el informe pide a España que corrija la situación o, de lo contrario, pedirá a la Comisión Europea que interrumpa el envío de fondos estraucturales y de cohesión hacia nuestro país, tal y como hizo hace unos meses en los casos de Bulgaria y Rumanía después de detectar una situación de corrupción generalizada.
En concreto, el texto aprobado ayer pide al Gobierno de España y a las Comunidades Autónomas implicadas que lleven a cabo una «profunda revisión» de toda la legislación que afecta a los derechos de los propietarios particulares de bienes como resultado de una urbanización masiva, «con objeto de poner fin a los abusos de los derechos y las obligaciones recogidos en varios tratados internacionales».
El texto destaca además la «avaricia» y la «conducta especulativa» de algunas autoridades locales y de parte del sector de la construcción, «que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades».
Para enmendar en lo posible la situación, Estrasburgo insta a las autoridades regionales competentesa «suspender y revisar» todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garanticen el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente.
La eurodiputada danesa criticó durante su intervención las «acciones abusivas de numerosas autoridades locales y regionales» y recordó que el informe es el resultado de un intenso trabajo de los miembros de la Comisión de Peticiones, al tiempo que lamentó que el tema no se haya sometido a debate en el pleno de la Eurocámara. Además, aseguró que la aprobación de este informe «garantizará que las leyes se modifiquen en beneficio de España».
La costa, destruida
En cuanto a las zonas afectadas, el informe se centra sobre todo en la costa del Mediterráneo (Levante y Andalucía sobre todo) y en las islas, que «han sufrido una destrucción masiva» en la ultima década como consecuencia de que el cemento y el hormigón han saturado estas regiones.
En materia de derecho a la defensa de los ciudadanos contra las actuaciones arbitrarias dealgunas administraciones locales, el texto señala que los procedimientos judiciales incoados «siguen siendo lentos» y califica de «alarmante» la falta de confianza generalizada que los peticionarios han mostrado frente al sistema judicial español».
En el caso de algunos ciudadanos comunitarios que han adquirido «de buena fe» una propiedad en España declarada ilegal deberían tener derecho a una indemnización adecuada a través de los órganos jurisdiccionales españoles, compensación que no sería extensiva a los promotores que eran conscientes de la ilegalidad de los proyectos.
Cruce de acusaciones
Dentro del aspecto político, eurodiputados socialistas y populares españoles, que votaron en contra del informe, se culparon mutuamente de la aprobación del mismo y de que la imagen de España quedara ayer degradada hasta donde quedó en el Parlamento Europeo.
