EL4 de abril de 1923, «La Publicitat» incluía en su primera una crónica de París titulada «Els darrers romàntics» y firmada con las iniciales «J. P.» Es muy probable que detrás de estas iniciales estuviera el periodista Josep Pla, que en aquella época deambulaba por Europa como corresponsal móvil del diario. El caso es que la crónica, más breve de lo habitual, narraba las andanzas en la capital francesa de una nutrida representación del CADCI, el Centro Autonomista de los Dependientes del Comercio y de la Industria, organización de «saltataulells» y «pixatinters» que contaba entonces con unos 20.000 afiliados y llevaba ya algunos meses en la órbita del Estat Català del coronel Francesc Macià. Estos esforzados patriotas habían viajado hasta París para depositar junto a la tumba del soldado desconocido, bajo el Arco de Triunfo, una corona de flores con la bandera de Cataluña. Pero esto no era más que la excusa. Lo que en verdad perseguían los expedicionarios era manifestarse por los Campos Elíseos con una gran «senyera» al viento y con el correspondiente lazo cuatribarrado en el ojal. Y eso hicieron, en efecto, sólo que al poco de emprender la marcha fueron requeridos por la policía francesa para que plegaran aquella bandera que no coincidía con la de ningún Estado constituido y retiraran de su atuendo la réplica en miniatura que cada uno llevaba cerca del corazón. Para el cronista, que miraba con simpatía aquel desfile, se trataba sin duda de los últimos románticos.
No así para Gaziel, que al cabo de una semana tomaba cartas en el asunto desde la página de opinión de «La Vanguardia». A juicio del articulista, los protagonistas de aquel incidente no eran sino unos ingenuos, pues nadie con un mínimo conocimiento de las relaciones internacionales puede imaginar que un Estado -el francés, en este caso- iba a permitir en su propio territorio el despliegue de una bandera en contra de los deseos y las recomendaciones de otro Estado -el español, en este caso-. Y no sólo eso: incluso sin peticiones de por medio, el Gobierno de Francia habría sido, a buen seguro, mucho más intransigente que el de España con el nacionalismo radical catalán. Bastaba con echar una mirada a la historia y a la situación del catalanismo a un lado y otro de los Pirineos para convencerse de cuál de los dos Estados había actuado hasta entonces con mayor eficacia.
Aunque la polémica no quedó aquí -duró en realidad todo el mes, y a las puyas lanzadas desde las filas de «La Publicitat» Gaziel respondió con dos artículos más-, los nuevos argumentos esgrimidos por el codirector de «La Vanguardia» no variaron demasiado con respecto a los utilizados en su primera entrega. Y si hoy, tras más de ochenta años y en pleno siglo XXI, a Gaziel le fuera posible volver sobre la cuestión, estoy plenamente convencido de que tampoco variarían demasiado. Porque las cosas tampoco han variado. El nacionalismo -el radical, sobre todo, pero también el moderado- sigue creyendo ingenuamente que Europa -es decir, la Francia de aquellos «saltataulells»- le va a hacer caso algún día. Y ante esos delirios, que en el referéndum del pasado domingo alimentaron buena parte de los 600.000 sufragios obtenidos por el no en Cataluña, no cabe sino recordar los argumentos del articulista de «La Vanguardia». Por un lado, un Estado de la Unión no actuará jamás en detrimento de otro Estado, si lo que se ventila es un asunto interno de este último. Por otro, en lo tocante a nacionalismos más o menos separativos, la gran mayoría de los Estados europeos tienen al enemigo en casa, por lo que difícilmente van a comportarse en esta materia de un modo frívolo e irresponsable. Y, en fin, el propio Tratado Constitucional refrendado el domingo en España consagra esta relación entre ciudadanos y Estados, sin que las ambiciones secesionistas de los llamados «pueblos de Europa» encuentren en el articulado respiro alguno. O sea que, hoy como ayer, el nacionalismo lo tiene crudo más allá de los Pirineos. A no ser, claro, que sea el propio Gobierno del Estado el que le facilite las cosas. Lo cual, visto lo ocurrido en España durante el último año y medio, no parece nada descabellado.
