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CUANDO SE PIERDEN LOS PAPELES

Actualizado 25/04/2006 - 03:17:39

XAVIER TRIAS Presidente del grupo de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona

Informaciones periodísticas nos han descubierto este fin de semana que una empresa municipal de promoción del distrito de Ciutat Vella ha ofrecido a un colectivo de «okupas» unos 12.000 euros y el realojo en dos viviendas de alquiler de propiedad pública a cambio de que desalojaran un edificio de la calle Valldonzella, expropiado hace 5 años y que se levanta en un espacio destinado a la construcción de diferentes equipamientos. Aunque lo pueda parecer, no se trata de una historia de esas inverosímiles que se cuentan en un popular concurso televisivo y en que al final, para obtener un buen premio, es necesario desvelar si es verdad o mentira. Miembros del colectivo «okupa» en cuestión y un portavoz autorizado de Foment de Ciutat Vella (FOCIVESA) lo han confirmado en declaraciones a una emisora de radio.

Dinero público, procedente de nuestros impuestos, y pisos de protección oficial, una de las principales necesidades sociales de la ciudad de Barcelona, para los «okupas» con la condición de que abandonen la finca que ocupan ilegalmente. Un sin sentido. Una barbaridad. Es un gran escándalo, en el que el Ayuntamiento de Barcelona se juega su credibilidad como administración al servicio de los ciudadanos.

El pasado 5 de abril, hace apenas 20 días, 11.029 jóvenes de Barcelona tenían depositadas todas sus esperanzas para conseguir el acceso a una vivienda asequible que les permitiera la emancipación en el sorteo que el Ayuntamiento organizó para repartir 184 pisos de alquiler protegido. Los 10.845 jóvenes que deberán esperar a una próxima ocasión, ya el año que viene, se desayunaron el sábado con la noticia de que otros, sin sorteo, han recibido premio.

Si no se da marcha atrás y se confirma que un grupo de «okupas», sólo por el hecho de serlo, han sido realojados en pisos de alquiler protegido, estaremos ante una caso de vulneración flagrante de todos los procedimientos legales de concesión de pisos de protección oficial y crearía un agravio comparativo irreparable con los más de 10.000 jóvenes de la ciudad que aspiran formalmente a la concesión de una de estas viviendas, y que a diferencia de los «okupas» nunca han mantenido una actitud delictiva o ilegal.

El Gobierno que encabeza Joan Clos transita por este mandato municipal, al que ya sólo queda un año, absolutamente desorientado. Al fracaso de las expectativas depositadas en el Fòrum 2004 sucedió el inmenso desastre de los hundimientos en el barrio del Carmel, y pocos meses después, con el público debate sobre el incivismo, el conjunto de la sociedad barcelonesa constató la incapacidad de los responsables municipales y del Alcalde para ejercer la autoridad que le corresponde y el liderazgo y ambición que le obligan. A Joan Clos, ciertamente, se le ha escapado la ciudad de las manos. Pero con el trato favorable y de privilegio que el Ayuntamiento ha dado a los «okupas» de Valldonzella se confirma que el tripartito municipal que preside Clos ha perdido definitivamente los papeles.

La rectificación debe ser inmediata, y el cese de sus responsables, al más alto nivel, imprescindible. Nos encontramos ante una nueva muestra de la tremenda debilidad de un Gobierno municipal que ya no es capaz ni de resolver los problemas más elementales de la ciudad de una manera coherente y apoyándose en el estricto cumplimiento de las leyes. Estas decisiones del Ayuntamiento, tan irresponsables, crean un precedente especialmente peligroso ya que animan, fortalecen y premian la actividad ilegal del movimiento «okupa».

En el pleno municipal del pasado mes de febrero, y a propuesta de CiU, el Gobierno de Joan Clos accedió a la creación de un grupo de trabajo, con la participación de todos los grupos municipales, para estudiar la actuación del Ayuntamiento ante el fenómeno «okupa». Su objetivo era hacer posible, desde la reflexión conjunta y constructiva, el establecimiento de criterios de prevención y actuación que ayudasen a, entre otros motivos, evitar que se pudieran repetir incidentes como el ocurrido el 4 de febrero en la calle Sant Pere més Baix, cuando en el desalojo de un inmueble ocupado ilegalmente un agente de la Guardia Urbana resultó gravemente herido.

Lamentablemente, en los dos meses transcurridos desde su creación, este grupo de trabajo apenas sí se ha reunido una vez, y todavía no existe ningún acuerdo sobre cuál será su plan de trabajo. Ahora parece que Clos aceptó crear el grupo de trabajo sobre «okupas» como salida de urgencia y para no tener que afrontar las duras críticas que estaba recibiendo por las imprevisiones del Ayuntamiento ante los incidentes en Sant Pere Més Baix. Una reunión urgente de este órgano para analizar el polémico caso de Valldonzella, no sólo servirá para dar respuesta a una decisión inconcebible, debería servir también para confirmar que el Gobierno tripartito municipal esta del lado del sentido común y de la responsabilidad.
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