El etarra «Putxe», a su llegada a Madrid, tras ser expulsado por México. EFE
Las autoridades cubanas están estudiando la petición formulada la pasada semana por España para que ejerzan un mayor control sobre las actividades de los etarras que viven en la isla. Una actitud más colaboradora para controlar a los terroristas y especialmente sus conexiones financieras es considerada por España como una condición necesaria para tratar de elevar el bajo nivel que las relaciones bilaterales entre Madrid y La Habana tienen desde hace más o menos dos años. Así se lo hizo ver la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, a su colega cubano, Felipe Pérez Roque, cuando ambos se reunieron al final de la reciente Cumbre Iberoamericana de Playa Bávaro.
Buena sintonía
Palacio y Pérez Roque se entrevistaron por vez primera en Nueva York hace dos meses, con motivo de la Asamblea General de la ONU, sintonizaron bastante bien, según confesó la propia ministra, y acordaron conversar de nuevo durante la Cumbre Iberoamericana. La entrevista se desarrollo en dos fases. La primera, durante un reducido espacio de tiempo, fue suficiente sólo para que la ministra expresara al canciller cubano el apoyo de España al ingreso de Cuba en el Convenio de Cotonu que regula las relaciones de la Unión Europea con los países de África, Caribe y Pacífico, si es que los cubanos deciden finalmente presentar de nuevo su solicitud. Cuba busca también apoyos para una modificación de la posición común de los Quince, auspiciada por España en 1996 y que vincula el establecimiento de un acuerdo de cooperación con la UE a la apertura democrática en la isla.
Un día después, los dos ministros volvieron a reunirse para tratar con más detalle la situación de las relaciones bilaterales, incluido el impago por parte de Cuba desde hace varios años de la deuda de más de 800 millones de euros que mantiene con España.
Sin embargo, uno de los objetivos principales de la entrevista, al menos por parte española, era abordar la situación y las actividades de los etarras que se encuentran viviendo en la isla, muchos de ellos desde que así se acordara a mediados de los años ochenta con el Gobierno que encabezaba Felipe González, para alejar de España a los terroristas que hasta entonces actuaban tomando Francia como base de sus operaciones. Palacio planteó a Pérez Roque el deseo español de que Cuba deje de ser un territorio en el que algunos etarras puedan encontrar refugio y desde donde puedan incluso manejar su entramado financiero a través de algunas empresas, como las del holding de Ugao, que está siendo investigado por la Audiencia Nacional para determinar su vinculación con ETA.
Aunque la respuesta habitual de los cubanos ha sido que esas personas estaban en la isla en virtud de los mencionados acuerdos de los años ochenta, Pérez Roque transmitió, al parecer, a la ministra un mensaje de comprensión hacia los planteamientos españoles, que insisten en que las circunstancias han cambiado mucho desde entonces. De todos modos, aún resulta prematuro, según fuentes solventes consultadas por ABC, hablar de una colaboración clara en ese campo como ha sucedido ya en otros países que durante algún tiempo fueron también residencia de los terroristas. Para España, por ejemplo, podría resultar muy útil el establecimiento de algún tipo de cooperación entre los servicios de inteligencia de ambos Estados, ya que a nadie se le escapa que en un país como Cuba, esos servicios conocen perfectamente los movimientos, entradas y salidas de unos elementos tan singulares.
Aunque resulta difícil determinar el número exacto de miembros de la banda que viven o tienen como base de sus movimientos la isla, se estima que estaría en torno a la quincena, algunos de ellos relacionados con el secuestro y asesinato del capitán de Farmacia Martín Barrios, perpetrado por ETA político-militar.
Las pesquisas realizadas hace unos años por los responsables de la lucha antiterrorista en España revelaron que el entramado financiero de ETA enviaba mensualmente unos mil dólares a varios de los terroristas que viven en la isla, como Jesús Abrisqueta, José Miguel Arrugaeta, José Ángel Urteaga, José Ignacio Echarte, Elena Bárcenas Argüelles y Luciano Eizaguirre. Este último, que en su momento fue deportado a Cabo Verde, huyó de ese país y se refugió en Cuba.
Muchos de ellos se piensa que podrían estar implicados en el asesinato de Martín Barrios. En el «censo» de etarras que podrían estar en Cuba, elaborado no sin dificultades debido a la falta de cooperación cubana, figuran también, entre otros, Amaia Eguiguren, José Ignacio Rodríguez Munoa, Francisco Javier Pérez Lecue o José María Salegui. También se sospecha que Eusebio Arzalluz Tapia, que fue responsable del «aparato logístico» de la banda, podría haberse refugiado en Cuba.
