Los productores de lino han expresado su preocupación por la decisión de la UE. ABC
MADRID. La oposición al Gobierno quiso aprovechar ayer la decisión de la Comisión Europea de reclamar a España 99,2 millones de euros correspondientes a las ayudas comunitarias a la producción de lino desde 1999 para resucitar la polémica sobre la gestión y control de esos fondos.
Si PSOE e IU expresaron su intención de alentar la reapertura de la comisión parlamentaria -o la apertura de una nueva- para determinar la existencia de responsabilidades políticas, el Gobierno achacó a la oposición su pretensión de reeditar una «caza de brujas» y recordó que, en cualquier caso, quienes tienen atribuida la competencia en esa materia desde 1992 son las Comunidades autónomas afectadas. Dos de las principales, Castilla-La Mancha y Extremadura, están gobernadas por socialistas.
El portavoz del Grupo Socialista, Jesús Caldera, anunció que el PSOE pedirá la reapertura de la comisión de investigación parlamentaria que «se cerró en falso» en 1999 porque «creemos que el fraude hubiera sido imposible sin la connivencia del Ministerio de Agricultura» y volvió a señalar como «responsable político» a la actual comisaria europea Loyola de Palacio. Para el supuesto de que, como es previsible, el PP rechace esta iniciativa, afirmó que «hay mecanismos y canales de otro tipo para depurar responsabilidades».
A su vez, el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, manifestó que «espero que ese dinero no tenga que salir de las arcas públicas y respondan los que han defraudado». En este punto, Caldera fue más allá y dijo que «exigimos que la multa la paguen los que defraudaron, que fueron unos pocos y del entorno del PP».
Zapatero subrayó que la decisión de la CE ha sido «una censura a la política de Aznar» y una evidencia de que España «necesita un sistema mucho más eficaz de control de las subvenciones».
Izquierda Unida coincidió en las mismas tesis y dijo lamentar la reacción del Gobierno, «que da muestra de la manera de gobernar del PP al tratar de desviar las responsabilidades hacia las Comunidades autónomas sin importarle el perjuicio ocasionado a los agricultores».
A la contra, el PP recordó a través de su portavoz parlamentario en materia de Agricultura, José Madero, que «el Ministerio no tuvo ni tiene culpa o responsabilidad en el tema. Lo que queda claro es que aquella patraña electoralista que montó el PSOE está trayendo unas consecuencias nefastas para España».
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, eludió enzarzarse con la oposición en la polémica y, más pragmático, anunció la intención del Gobierno de defender ante la Unión Europea la inexistencia de un fraude generalizado con el lino en España, aunque recordó que en el caso de que no prosperen los recursos, serán las autonomías responsables, y no el Gobierno, quienes deban devolver las ayudas.
Los agricultores, preocupados
El Gobierno, que ya se ha puesto en contacto con las Comunidades para recabar sus alegaciones, acudirá al Órgano de Conciliación de la UE y, en su caso, al Tribunal de las Comunidades Europeas, con sede en Luxemburgo. En cualquier caso, el Gobierno considera «injustificada» la «corrección financiera» puesta en marcha por la Comisión para reclamar a España los 99,2 millones de euros. Según los cálculos del Ministerio, Castilla y León debe devolver 55 millones de euros; Castilla-La Mancha más de 33; Aragón 14 millones; Extremadura 7,5 millones; Cataluña, 3,5; Andalucía 733.343 euros; Navarra 337.892; Valencia 130.572 y La Rioja, 69.950. Cantabria, País Vasco y Galicia deberán afrontar el pago de 18.871, 13.746 y 9.179euros respectivamente, informa Europa Press.
Quienes expresaron mayor preocupación fueron las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA, que reclamaron al Ejecutivo que en ningún caso sean los agricultores quienes se tengan que hacer cargo de la devolución y sí los «usurpadores y especuladores».
