En un paso sustantivo del largo pleito que enfrenta a España con la empresa cazatesoros Odyssey, ayer España presentó ante el juez de Tampa las pruebas por las que confirma que el buque expoliado fue «La Mercedes», hundido en plena batalla en 1804. El abogado que representa a España ha reunido una prolija documentación -casi un libro, con referencias históricas y técnicas- elaborada por la Academia de la Historia, el Museo Naval, el Arqueológico Nacional y la Armada, según comentó ayer el Ministerio de Cultura en una nota.
El objetivo no es otro que exigir al juez que otorgue la protección debida al pecio como buque de Estado que era y la consiguiente devolución de la carga, hoy custodiada por Odyssey en EE.UU.
España afirma que «los restos de «La Mercedes» son patrimonio histórico,además de constituir la tumba de más de 250 marinos y ciudadanosespañoles que murieron cuando la Mercedes explotó y se hundió», pero, según los acuerdos de confidencialidad firmados durante el proceso por ambas partes, no acusa de expolio a Odyssey ni revela detalles sobre el lugar de la extracción ni las técnicas agresivas empleadas. De hecho, las de las declaraciones que atañen a estos puntos han sido presentadas bajo sello ante el juez de Tampa. Una de ellas afirma que la ubicación de la que salieron las monedas -«top secret»- coincide exactamente con el cálculo del lugar del hundimiento de «La Mercedes», presentado por el contralmirante De Leste.
Lo que sí subraya el Ministerio de Cultura es que Odyssey actuó «en secreto» y «después de haber recibido instrucciones específicas de que estaba prohibida» la extracción del restos arqueológicos, que volaron a Florida en dos aviones, el 10 de abril y el 18 de mayo de 2007.
España alega que no ha abandonado en caso ninguno de sus barcos históricos hundidos,y que «La Mercedes» está protegida por la inmunidad soberana.
Por todo ello, más la amplia documentación gráfica que acompaña la moción española, el abogado James Goold exhorta al juez a que no conceda a Odyssey ni siquiera una parte como premio por el hallazgo, sobre todo porque la empresa se ha descalificado a sí misma por el cúmulo de reticencias, medias verdades y ambigüedades calculadas con las que ha manejado el caso desde el principio. Por todo ello, pide al juez que retire a la empresa la custodia de todas las piezas extraídas en el pecio, que deberían ser puestas bajo custodia española.
Por otra parte, el PP calificó ayer de «humo» el Plan Nacional de Arqueología Subacuática que proyecta el Gobierno, mientras se votaba en el Congreso de los Diputados una proposición no de Ley que insta al Gobierno a el «impulso y refuerzo» del Plan de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático con «dotación suficiente» y con «ampliación de objetivos» porque, según el PP, esta iniacitiva es sólo «humo». En un vivo debate, la vocal del PP en la comisión de Cultura y anterior portavoz, BeatrizRodríguez-Salmones, afirmó que existe una «grave preocupación» respecto a este plan que pretende evitar nuevos expolios como el de Odyssey. También criticó la falta de medios, mientras que hay ya empresas de «gigantesca envergadura» que utilizan la tecnología para «expoliar». «Si no hacemos algo, en diez años no queda nada de nuestro patrimonio arqueológico submarino», concluyó.
