Ana Pastor no quiere que del Ministerio de Sanidad salgan más promesas, ni que cada comunidad ofrezca atenciones diferentes. Por eso, tras cuatro compromisos de atención a los 450.000 afectados por Alzheimer, repetidos siempre los días mundiales dedicados a la dolencia, la ministra llevará ante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la cartera de servicios que ofrecerá la Sanidad pública. Y esto ocurrirá en octubre, según ha podido saber ABC, aunque la implantación de la cartera dependerá de las Comunidades autónomas.
Ese es el gran problema de este catálogo de prestaciones para que pase de promesa a realidad, ya que tendrá que ser ejecutada íntegramente por las Comunidades, al tener transferidas las competencias. Y las Comunidades autónomas tendrán que negociar con los Ayuntamientos para crear más plazas en residencias asistidas y centros de día. El Ministerio no prevé financiación específica para el cumplimiento de las medidas, más allá de las establecidas en la Ley de Financiación y en el papel de la Comisión de Política Fiscal y Financiera.
Una cartera de servicios marca todas las prestaciones sanitarias a las que tiene derecho, por ley, un ciudadano. La ministra se apoyará en el desarrollo de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que prevé por primera vez las prestaciones sanitarias y sociales, es decir, las que más necesitan enfermos crónicos como los de Alzheimer. En esta cartera quedará recogido un aspecto fundamental: se asegura un programa individual para cada tipo de discapacidad según la evolución de la enfermedad.
Con ese espíritu, según confirmó a ABC la ministra Ana Pastor, se ha diseñado la cartera de servicios específica para pacientes de Alzheimer o Parkinson y otros enfermos con dolencias crónicas y altos déficits funcionales. La primera medida, ahora de obligada ejecución por parte de cada Comunidad autónoma, será realizar un diagnóstico precoz de las enfermedades neurodegenerativas en todos los centros de atención primaria. Para realizar estas pruebas se emplearán test y protocolos de «screening». La directora de Cohesión, Ana Sánchez, explicó que el segundo paso será confeccionar un registro de discapacidades, «instrumento imprescindible para planificar recursos de los servicios sociales».
El tercer paso establecerá un programa individual donde, además de contemplarse el grado de discapacidad, se planificarán sus necesidades en función de la evolución de la enfermedad.
