«Tranquilidad. Para los vascos, entre Dios y el dinero, lo segundo es lo primero». Desde la sede del PSOE en Vitoria, el secretario general de los socialistas alaveses, Javier Rojo, resume a su gráfica manera la estrategia que los sectores constitucionalistas vascos perfilan para combatir el «órdago Ibarretxe». El argumento económico. Los costes de la secesión para una zona de altas rentas y notable densidad industrial, en cuyos sectores productivos causa sensible inquietud la deriva soberanista del Gobierno autonómico. Una zona en la que la inestabilidad política y la fractura social provocada por el terrorismo y la presión nacionalista ha provocado, sin embargo, un saldo migratorio negativo de 4.000 personas/año, con una tasa de salida anual de 16.000 personas, la mayoría personas en edad activa. Una zona -un país, dicen los nacionalistas---, en la que muchas empresas han optado en los últimos tiempos por trasladar sus sedes a otras comunidades con menor tensión.
«Ibarretxe, que es un iluminado, nos lleva a una situación muy complicada que no ha calculado en su deriva la realidad social», se queja Antonio Basagoiti, portavoz municipal del Partido Popular en Bilbao. «Me gustaría saber qué pensarán los pequeños empresarios del PNV, y los grupos económicos vascos, ante un proyecto que en la práctica nos saca de Europa y nos va a convertir en apestados para el resto de España. Ése es el trabajo que tenemos que hacer los constitucionalistas, explicar el coste económico de esta locura», añade el joven concejal bilbaíno.
«Es un disparate»
«Hay que estar tranquilos, porque esto es un disparate, y explicarlo bien», remacha Javier Rojo. «Explicarle a la gente que no va a poder vender frigoríficos, que se van a comer con patatas la maquinaria de herramientas, que perderemos mercado, que bajará el PIB y dejaremos de ser competitivos. Pero sin carga dramática; simplemente, con un planteamiento pedagógico. Aquí la gente ha creído que todo esto era gratis y que sólo sufrían las víctimas. Pues si eso saliese, que no saldrá porque es un dislate que no puede salir, no iba a ser gratis».
«Hay que estar tranquilos, porque esto es un disparate, y explicarlo bien», remacha Javier Rojo. «Explicarle a la gente que no va a poder vender frigoríficos, que se van a comer con patatas la maquinaria de herramientas, que perderemos mercado, que bajará el PIB y dejaremos de ser competitivos. Pero sin carga dramática; simplemente, con un planteamiento pedagógico. Aquí la gente ha creído que todo esto era gratis y que sólo sufrían las víctimas. Pues si eso saliese, que no saldrá porque es un dislate que no puede salir, no iba a ser gratis».
Quizá por esa razón, el proyecto de Ibarretxe propone el mantenimiento de la nacionalidad española, bajo el manto de una doble nacionalidad, que garantice la permanencia en Europa. «Eso no puede ser, porque la libre adhesión atañe a las dos partes, y si el Estado no quiere no hay libre adhesión que valga» exclama Rojo.
El profesor y economista Mikel Buesa, autor de diversos estudios sobre los costes de una posible secesión de Euskadi, considera que el borrador del lendakari «sólo utiliza a España para preservar la relación europea, que es el punto clave de la relación económica. La independencia representaría unos costes de enorme magnitud, en aranceles, en costes de transacción, en fuga de empresas que tienen el 60 ó el 70 por ciento de su negocio en España. El plan sólo es viable a costa del empobrecimiento de los vascos».
Más gráfico es el filósofo Fernando Savater, miembro y animador de la plataforma Basta Ya. «Lo que plantean los nacionalistas es un estatus en el que la gente tendría todas las ventajas de seguir unidos a España, y todas las ventajas que puedan conseguir radicalizando el soberanismo. Es decir: lo mío es mío, y lo tuyo, a medias. Y eso no puede ser».
Savater admite que el planteamiento puede ser seductor para muchos ciudadanos vascos. «Claro, es que les dicen: usted no pierde nada: acabamos con la violencia, y además usted puede seguir moviéndose por España libremente y haciendo negocios en ella, y el que le quiera quitar esto es perverso, porque son sus derechos históricos. Esto es muy difícil de frenar; significa que por ser nacionalista no pasa nada, y por no serlo pasan muchas cosas malas. Va a hacer falta un esfuerzo constitucional muy sólido y muy unido para afrontar esto».
«La gente nos pregunta qué va a hacer el Estado», admite Antonio Basagoiti. Porque el proyecto de Ibarretxe contiene una preocupante cláusula de unilateralidad: considera que si la mayoría de los vascos lo apoya, da igual que el Estado español lo rechace. «Lo que se haga tiene que ser una respuesta muy serena, y proporcional al desafío. Por eso yo apuesto por el argumento de los costes como primera ofensiva, para contrarrestar el atractivo que la oferta puede tener entre cierto electorado, sobre todo el de Batasuna».
«Tenemos resortes en la Constitución», confía Javier Rojo. «Lo que no tiene validez, no tiene validez, simplemente no se puede hacer. Además, hay un territorio, que es Álava, en la que la mayoría no está de acuerdo. No hay que alarmarse, me preocupa mucho más lo que esto tiene de fractura en la convivencia de los ciudadanos».
¿Aplicar el 155 de la Constitución?
Pero la capacidad de respuesta del Estado ante un órdago soberanista en otoño, anticipada por el presidente Aznar -«cero posibilidades»- con un gesto de los dedos en forma de 0, gira en torno a la posibilidad de aplicar el polémico artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión de la autonomía en caso de grave crisis institucional o de desafío al Estado. La tesis defendida por el líder del PP vasco, Jaime Mayor Oreja.
Pero la capacidad de respuesta del Estado ante un órdago soberanista en otoño, anticipada por el presidente Aznar -«cero posibilidades»- con un gesto de los dedos en forma de 0, gira en torno a la posibilidad de aplicar el polémico artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión de la autonomía en caso de grave crisis institucional o de desafío al Estado. La tesis defendida por el líder del PP vasco, Jaime Mayor Oreja.
«Es que ese artículo ya lo está aplicando el PNV con su plan. El proyecto de Ibarretxe suspende la autonomía al romper con la Constitución y derogar el Estatuto», afirma Basagoiti, quien teme «un periodo de consecuencias graves».
Rojo discrepa: «Lo del artículo 155 también es un disparate, y el Gobierno no lo va a hacer. Porque, además, ¿cómo se aplica? No es lo mismo no dar que hacer que te devuelvan. Eso es muy complicado».
Más ambigua se muestra su compañera de partido, la eurodiputada vasca Rosa Díez, para quien «el PSOE votó la Constitución entera, con todos sus artículos. Ningún artículo está maldito».
El profesor Mikel Buesa, cuya experiencia personal -es hermano del asesinado portavoz del PSOE vasco, Fernando Buesa- es muy dolorosa, parece abocado a mayor pesimismo. «Esto es el comienzo de la insurrección, y es mucho más serio de lo que parece. El plan efectúa unilateralmente una reforma constitucional sin que los españoles nos enteremos, y el Estado tendría que reaccionar. Las consecuencias de ese conflicto no las sabemos, pero en Europa sólo existe un precedente de solución pacífica, que es el de Chequia y Eslovaquia, fruto de un pacto mutuo. Las consecuencias pueden ser las que yo digo o peores. Mejores no van a ser...» .
«Depende», matiza Fernando Savater. «Depende de hasta dónde lo haya hablado Ibarretxe con ETA, y de hasta dónde llegue el PSOE. Las perspectivas electorales pueden introducir variables imprevistas». Argumento que admite también Basagoiti -«el periodo electoral nos viene mal»- y que descarta, lógicamente, Javier Rojo: «Ninguna duda sobre nuestra posición constitucional. Hay una quiebra que no niego en las relaciones con el PP, que no tiene visión de futuro y no entiende que somos otro proyecto, pero en lo esencial no habrá fisuras».
«Que no se dude de nuestra lealtad», confirma Rosa Díez; «con toda la que hay liada, vamos a dejar de sospechar de los buenos...»
