ESTEBAN VILLAREJO
VALENCIA. En lo que constituye el último episodio de la agria y enconada relación entre el Gobierno central y la Generalitat Valenciana -que tuvo su pistoletazo de salida con una de las primeras decisiones del presidente Zapatero: la derogación del trasvase del Ebro-, el Consejo de Ministros aprobó ayer, a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente, presentar ante el Tribunal Constitucional «un conflicto positivo de competencia a la Generalitat por la resolución de la Comunidad que ha paralizado las obras de la desaladora de Torrevieja».
Esta iniciativa «deja en suspenso cualquier medida que pueda tomar la Generalitat Valenciana en torno a esta planta durante el plazo de cinco meses que tiene el Constitucional para pronunciarse», informó el Ministerio. Para el Gobierno, la decisión de la Generalitat de paralizar las obras de la desaladora -«por su impacto medioambiental y por carecer de los permisos necesarios», según el Gobierno de Francisco Camps- «interfiere en las competencias exclusivas del Estado sobre obras públicas de interés general, toda vez que corresponde a éste la formulación de la declaración de impacto ambiental».
«Carecen de fundamento»
El Ejecutivo entiende además que las alegaciones medioambientales que esgrime la Comunidad Autónoma «carecen de fundamento», ya que la declaración de impacto concluye que el conjunto de soluciones adoptadas para la construcción de la desaladora «no presentan impactos adversos significativos sobre el medio ambiente». Como publicó ABC, un informe que maneja la Consejería de Territorio considera que el punto de vertido de salmuera -uno de los más nocivos- impediría la recuperación de una especie marina de praderas degradadas de Cymodocea nodosa y afectaría también a la pradera de Posidonia oceanica de la zona, así como a los hábitats marinos del Lugar de Interés Comunitario (LIC) denominado Cabo de Roig, cuyo ámbito marino es de 4.686 hectáreas.
El Gobierno reiteró que «la Generalitat carece de las competencias necesarias tanto para autorizar como para paralizar» las obras de la desaladora de Torrevieja. «La desaladora ha cumplido, de forma rigurosa y a lo largo de todo el proceso de elaboración del proyecto -desarrollado por la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed)-, con todos los trámites administrativos y técnicos necesarios para garantizar que en ningún momento supondrá perjuicio alguno para el medio ambiente de la zona», subrayaron las mismas fuentes del Ministerio.
Otro de los motivos que expuso el Gobierno para llevar al TC el caso de la desaladora de Torrevieja se fundamenta en «la alarma social generada a raíz de los reiterados intentos de la Generalitat por paralizar las obras, atribuyéndose para ello competencias de las que carece (de nuevo subraya)».
Justo una hora antes de que la vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega compareciera tras el Consejo de Ministros, en Valencia comparecía Vicente Rambla, portavoz del Gobierno. Rambla informó de que «la Generalitat pedirá al juzgado que ejecute la paralización de las obras de la desaladora por un delito contra el medio ambiente tras la negativa de Acuamed a acatar la orden de la Consejería de Territorio».
El portavoz del Ejecutivo valenciano justificó la decisión de ir a los juzgados en el «importante impacto medioambiental que supone la desaladora más grande Europa y que afecta al parque natural de La Mata-Torrevieja». El consejero explicó su impacto negativo con un símil: «La producción de dióxido de carbono de la desaladora equivaldría a la producción de todos los coches matriculados en la provincia de Alicante transitando por el casco urbano de Torrevieja». Además, alertó de las consecuencias del vertido de salmuera sobre la pradera de posidonia. «Hay que dar soluciones sostenibles ante la falta de agua, pero no a cualquier precio económico o medioambiental», afirmó.
«Legalidad para todos»
El portavoz del Gobierno valenciano insistió en que «la legalidad tiene que ser para todos. Si la respuesta es el no acatamiento de la legalidad, tenemos que acudir a los jueces». Aparte de las razones «estrictamente legales», aseguró que «hay otras circunstancias que deberían hacer reflexionar al Gobierno de José Luis Zapatero»: «Hay infinitas razones para parar esta desaladora», concluyó.
El conflicto de competencias queda ahora pendiente de la decisión que tomen los doce magistrados del Tribunal Constitucional en el que será un nuevo capítulo de una historia que comenzó con el primer desencuentro: la derogación del trasvase del Ebro.
E. MONTESINOS
La Consejería de Infraestructuras cerró el acceso a las obras a principios del presente mes de marzo
