La Audiencia de Sevilla ha ordenado que siga en prisión incondicional sin fianza la vecina de Morón de la Frontera que está acusada de una presunta "estafa piramidal" de más de medio millón de euros a unos 90 afectados que le confiaron sus ahorros.
Fuentes del caso han dicho hoy que la Sección Primera de la Audiencia ha confirmado la situación de prisión incondicional por el riesgo de fuga, porque el dinero presuntamente estafado no ha aparecido y porque la acusada A.S.D. podría obstruir la investigación en caso de quedar libre.
La procesada, encarcelada desde diciembre pasado, prometía unos intereses desorbitados, por encima del 20% mensual, que llegaban a duplicar la inversión en un mes para los clientes "especiales" que le traían nuevos inversores, han añadido las citadas fuentes.
Una segunda modalidad de la presunta estafa consistía en ofrecer la compra de pisos sometidos a subasta judicial, para lo cual exigía a los compradores el adelanto del 25% del precio para participar en la puja.
El juzgado de instrucción 2 de Morón ordenó en diciembre pasado el ingreso en prisión incondicional de A.S.D., contra la que ya se han personado una treintena de afectados, aunque el número total de estafados puede ascender a 90, según las fuentes.
La estafa, hasta el momento, se ha cuantificado en 500.000 euros aunque los denunciantes creen que el montante total podría llegar a 700.000 euros. Los afectados residen en su mayoría en Morón aunque algunos proceden de El Coronil y Sevilla capital.
Según las fuentes, A.S.D. pagaba puntualmente los primeros intereses, por lo que las víctimas se confiaban e invertían nuevas cantidades o aconsejaban hacerlo a familiares y amigos, en una presunta "estafa piramidal" que empezó hace tres años aunque el grueso de las entregas de dinero se produjeron en 2007.
En su defensa, la acusada ha manifestado al juez que trabajaba para una financiera con base en Sevilla, con cuya representante se entrevistaba en plena calle junto a los juzgados del Prado de San Sebastián, pero el nombre que ha aportado no corresponde a ninguna compañía legalmente establecida.
En nombre de esa misma sociedad mercantil, la acusada ofrecía invertir en la subasta judicial de pisos, para lo que exigía un pago por adelantado del 25% del importe total, que en un caso llegó a 60.000 euros.
La acusada realizaba los tratos en la cocina de su propio domicilio y los afectados son personas humildes que en ocasiones han tenido que recurrir a préstamos para devolver el dinero.
