ELENA CARRERAS En la zona del socavón los operarios seguían ayer trabajando para estabilizar el terreno y los edificios
BARCELONA. A punto de cumplirse un mes del inicio de la crisis del Carmel -el 25 de enero se produjo el primer desalojo- este barrio barcelonés entra en un compás de espera producto de la desconfianza entre vecinos y administración. Si bien la Generalitat asegura que el retorno es seguro para unos 600 desalojados, y el martes se acordó un protocolo entre la administración y la Asociación de Vecinos del Carmel (AAVVC) para proceder a la inspección de las viviendas, el grueso de los afectados no se fía y exige más garantías antes de regresar a sus casas.
En paralelo, la dispersión de intereses y la retahíla de asociaciones y grupos que se autoproclaman como la voz legítima de los vecinos dificulta las negociaciones con la administración. En esta línea, el Ayuntamiento se reunió ayer por la tarde con los representantes de algunas de estas asociaciones para intentar organizar canales de comunicación estables e intentar distinguir quién ostenta el verdadero liderazgo entre los afectados.
Al respecto, y al margen de las dificultades para dialogar de manera colectiva con un grupo de más de 1.000 personas -la mayoría dispersas en una media docena de hoteles-, la administración constató ayer que el acuerdo alcanzado el martes con la AAVVC no era asumido por la mayoría de los desalojados, algo que ya se avanzó el martes por la noche en la reunión del Hotel Putxet, donde se gestó una Junta de Portavoces de los instalados en hoteles que afirma representar a unos 600 de estos. Allí se acordó que por el momento no se permitirá comenzar el proceso de inspecciones. De fondo subyace el miedo a que una vez los vecinos hayan regresado a sus casas estos pierdan toda su fuerza a la hora de reclamar ante la Generalitat y el Ayuntamiento compensaciones económicas por los meses que han estado desalojados.
Así, ayer por la mañana, los técnicos que tenían que certificar la seguridad de los primeros 29 pisos del grupo que se considera seguro -en concreto los correspondientes a los número 132, 134 y 136 de la calle Llobregós-, se encontraron con que uno sólo de los propietarios les permitió la entrada. Los vecinos afectados temen que puedan aparecer más grietas o que se registren daños estructurales cuando se produzcan los derribos programados en el 6 y 8 del pasaje Calafell y el 6 de Conca de Tremp. Los desalojados exigen como condición a su regreso que se produzcan estos derribos. Únicamente un vecino aceptó que se inspeccionara su piso, en el que entró un técnico de Adigsa, un arquitecto perito judicial habilitado por el Colegio de Arquitectos, un técnico independiente de la Asociación de Vecinos, dos mossos d´ esquadra para levantar el acta y hacer fotografías y un representante del Ayuntamiento de Barcelona.
Buscar un interlocutor válido
«Nos negamos a volver, a firmar unos certificados y al día siguiente salir corriendo», explicó a Efe Marta Castellà, vecina de Llobregós 134, quien se niega a regresar a su piso, que está «muy agrietado», hasta que reciba todas las indemnizaciones y «esté todo arreglado». «Queremos estar seguros. Entraremos cuando hayan derruido los otros edificios», añadió Delia Pérez, vecina de la misma escalera.
En paralelo a este proceso, las distintas asociaciones que representan a los vecinos intentan establecer una estrategia común, conscientes de que «la dispersión no nos ayuda», según explicó Mari Carmen Pérez-Pozo, presidenta de la Asociación de Afectados por la Línea 5 del Carmel (AAL5C) tras reunirse ayer con la concejal del Ayuntamiento en el distrito de Horta-Guinardó, Elsa Blasco (ICV). AunqueBlasco subrayó que el Consistorio tiene dificultades para encauzar el diálogo con los afectados, la administración reconoce la representatividad a la Asociación de Vecinos, a la AAL5C, a la Junta de Portavoces surgida de los hoteles y a la Asociación de Comerciantes.
