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Veinticinco años de la reforma fiscal de Fuentes Quintana y Fernández Ordóñez

Actualizado 24/02/2002 - 23:51:58
El año 2001 hemos celebrado el segundo centenario del nacimiento de Alejandro Mon. Con ese motivo hemos dado vueltas mil en torno a esta figura y, muy en especial, a la reforma tributaria de la que fue protagonista, esto es, la puesta en marcha por la ley de 25 de mayo de 1845. En 2002 hemos de conmemorar la sucesión de esta reforma por otra, la que tuvo como protagonista técnico a Enrique Fuentes Quintana y como ministro ejecutor a Francisco Fernández Ordóñez. Juguemos un poco a adivinos, aproximándonos a los llamados modelos contrafactuales, para despejar esta incógnita: ¿Y si Fuentes Quintana, con terquedad, no hubiera insistido en que era preciso cambiar nuestro sistema tributario, qué hubiese ocurrido?
Por pura decencia histórica, es preciso efectuar ahora exactamente lo mismo que Fabián Estapé hizo en su magnífica aportación «La Reforma Tributaria de 1845. Estudio preliminar y consideración de sus precedentes inmediatos» (Instituto de Estudios Fiscales, 2001, reedición de la de 1971, que recogía la tesis doctoral de 1953) al aclararnos el papel importantísimo que en la reforma llevada a cabo por Alejandro Mon como ministro de Hacienda, había tenido la Comisión García Carrasco que presidía Javier de Burgos, creada por Decreto de 18 de diciembre de 1843 y, más concretamente, la personalidad de Ramón Santillán, una atractiva figura del partido moderado.
Si no hacemos algo similar, corremos el riesgo de olvidar que fue Fuentes Quintana quien, a partir de un artículo inicial aparecido en 1947, en «Anales de Economía», donde tomaba como base un libro de Gabriel de Usera, asumió personalmente la tarea de acumular «documentos y materiales» para culminar la reforma de la reforma de los moderados que había intentado, con escaso fruto por cierto, Flores de Lemus. Hago esta advertencia tras leer el artículo de Juan Antonio Garde Roca, «Veinticinco años de reforma fiscal», publicado en «Expansión» el 13 de febrero de 2002, donde habla de Fernández Ordóñez y de Sevilla Segura, e incluso del Informe Carter y de Newmark, como demiurgos de la reforma de 1977, pero el nombre de Fuentes Quintana no aparece para nada.
La reforma que se pone en marcha con la ley 50/1977 no sólo se había preparado en la crítica, en la investigación y en la polémica por el profesor Fuentes; es que cuando pasa a trabajar en el Instituto de Estudios Fiscales prepara, como fruto de un trabajo ingente el «Libro Verde» que contenía -como creo haber demostrado en «Economía y Sociedad de la Transición» (Editora Nacional, 1978)- exactamente todo lo fundamental que constituirá la Reforma de 1977.
Así cuajó una reforma, que de haber triunfado se hubiera denominado de Monreal-Fuentes Quintana, la cual pudo recuperarse gracias a otra operación política de gran calado, puesta en marcha asimismo por el profesor Fuentes Quintana: el Pacto de La Moncloa. La esencia de éste fue una gran concesión de la izquierda: cesar en el intento de asaltar el Palacio de Invierno del capitalismo español, porque, como atinó a escribirse en un editorial de «Nuestra Bandera» que se atribuyó a Julio Segura, tal Palacio amenazaba con derrumbarse y aniquilar a todos los asaltantes.
Esto es; comenzó la política de concertación social que llega hasta ahora. ¿Y qué cedió la derecha? Pues nada menos que la oposición que había desplegado, con éxito palpable, ante una imposición personalizada y progresiva.
Podía hacerlo pertrechada en una ciudadela impositiva petrificada en sus rendimientos, como había señalado el profesor Torres. Hemos dicho que se había comenzado a construir por los moderados en 1845. Eso es lo que explica que se aprobase la reforma por una Cámara baja enfervorizada.
Eliminemos a Fuentes Quintana por arte de birlibirloque y lleguemos a 2002. La paz social habría exigido un avance en el gasto público que como sucedió en la realidad, bordearía el 50% del PIB a comienzos de los años noventa. El resultado habría sido un déficit fiscal gigantesco, nunca menor del 35% del Producto Interior Bruto (PIB), si estudiamos los progresos históricos de la presión tributaria desde 1934 ofrecidos por Manuel de Torres en el libro «Juicio de la actual política económica española» (Aguilar, 1956).
Esto hubiera originado muy probablemente una hiperinflación, una deuda externa que habría trabado -si no impedido- nuestro ingreso en el ámbito comunitario y una tensión social tan colosal que, muy probablemente, tampoco hubiéramos tenido la Constitución de 1978. Ahora mismo contemplamos en el caso argentino lo que supone tener una imposición petrificada que ha originado un déficit del 38,1% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2000, de acuerdo con las cifras contenidas en el análisis de Ricardo López Murphy, «La crisis argentina» (Buenos Aires, enero 2002). Por eso, a partir de 1977 la asignación de los recursos hubiese sido mucho peor de todo lo imaginable en España, con lo que el progreso del Producto Interior Bruto (PIB) hubiese sido mucho menor. La distribución de la renta, un triunfo del que se puede estar orgulloso, se debe a la concatenación de dos elementos: el sistema tributario actualmente vigente y una serie de prestaciones sociales muy importantes.
Al no tener ambos puntos de apoyo, la distribución de los ingresos sería peor de todo lo imaginable, empeorada además con los males de las hiperinflaciones y también porque, para no provocar una desaparición del Estado, los impuestos indirectos tendrían un papel muy superior al actual. Sería ridículo concentrar en la reforma de 1977 la raíz de nuestra situación actual, aunque resultó esencial para la política de vinculación con Europa y de apertura de las relaciones internacionales, para ayudar a una buena actuación del Banco de España para respaldar a una magnífica actuación de los empresarios, para obligar a algunos avances liberalizadores, para alcanzar un ejemplar respaldo sindical que nunca se agradecerá bastante y para aprovechar la realidad previa de un fuerte desarrollo económico.
Pero con todo eso, robando las palabras al profesor Estapé, también se eliminaron los obstáculos «capaces por sí solos de haber reducido a la nada» a la Ley 50/1977 de medidas urgentes de reforma fiscal.
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