La movilización de la izquierda a «favor del aborto libre y gratuito», lema principal y más coreado en las principales concentraciones celebradas ayer en las principales ciudades de España, conoció un muy escaso eco. Más de 70 asociaciones feministas de todas España, junto a Comisiones Obreras, UGT, IU y el PSOE, no fueron capaces en total de reunir ni a cinco mil asistentes. Fracaso estrepitoso en términos generales y de forma muy especial en Barcelona, con menos de 300 congregados en la Plaza de Sant Jaume. La misma escasez de público se repitió en Galicia, salvo en Santiago, donde se llegó a 500, en Zaragoza (100 asistentes), Córdoba, Alicante, Málaga... Sólo en Madrid la cita en la Puerta del Sol obtuvo un respaldo más popular, con unos 2.000 participantes, entre ellos muchos despistados, incluido un grupo de japonesas que, cámara digital en mano, preguntaban en inglés si aquello era «un tablao flamenco»...
En la capital, público, pero pocos políticos apoyando las reivindicaciones feministas. Sólo se acercaron algunos socialistas, encabezados por el omnipresente Pedro Zerolo, secretario de movimientos sociales del PSOE, acompañado por Maru Menéndez, portavoz del PSM en la Asamblea, y David Portal, portavoz del PSM en el Ayuntamiento. También estaba Inés Sabanés, portavoz de IU en la Asamblea.
En Madrid se desempolvaron viejas consignas del baúl de las reivindicaciones de mediados de los setenta: «Nosotras parimos, nosotras decidimos», «Viva la lucha de las mujeres»... En todos los encuentros se leyó un manifiesto similar en contra de la Guardia Civil por «entrar en casa de las mujeres para citarlas a declarar». En el escrito aseguraban que «lo ocurrido nos retrotrae a siniestras épocas en las que la libertad brillaba por su ausencia». Y acabaron exigiendo «al Gobierno y a los partidos políticos un compromiso claro y decidido para modificar la ley para que el aborto deje de estar considerado como delito en el Código Penal». Además, exigieron que los abortos se realicen de forma «libre y normalizada en la red pública».
En Barcelona, la concentración sólo congregó unas 300 personas. Como en Madrid, abundaron las consignas contra la Iglesia, tales como: «Los curas siempre quieren controlar a las mujeres».
Entre los convocantes y los que apoyaron la iniciativa, más de una veintena de asociaciones y entidades de mujeres. Del tripartito, dieron su respaldo ERC -se vio a su portavoz en el Congreso, Joan Tardà- e ICV-EUiA, representada por el portavoz de IU-ICV en el Congreso y candidato de ICV a las elecciones generales, Joan Herrera. El PSC, no se adherió oficialmente a la iniciativa.
En el manifiesto leído se censuró «a las instituciones catalanas y estatales» por no proteger los derechos de las abortistas. Asimismo, se animó, como en el resto de España, a los presentes a sumarse a la campaña de autoinculpaciones, que consiste en rellenar un escrito en el que uno se declara culpable de abortar o de acompañar a alguien a hacerlo. Estos escritos se entregarán en un futuro a un juzgado.
Por lo que respecta a Galicia, la convocatoria de manifestaciones para las cinco principales ciudades gallegas, a cargo del colectivo feminista Marcha Mundial de las Mujeres, venía caldeada en esta Comunidad por la campaña iniciada el pasado viernes y que consiste en el reparto de formularios para que las gallegas se autoinculpen de haber abortado. La asociación tiene previsto, con el beneplácito del BNG, que ya ha confirmado su participación activa en la iniciativa, entregar todos esos modelos cumplimentados ante un juez el próximo 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora.
Con esos documentos como protagonistas, la Plaza del Toural santiaguesa albergó la concentración más nutrida. Unas quinientas personas, entre las que se encontraban dirigentes del Bloque como la secretaria de Acción Feminista, Rosario Fernández Velho, denunciaron el «acoso de las clínicas abortistas». Un centenar de personas se reunieron en el monumento Obelisco, de La Coruña, alrededor de 150 a las puertas del Museo de Arte Contemporáneo de Vigo. En Ferrol y Pontevedra la convocatoria apenas tuvo seguimiento.
Diecisiete reclamaciones al mes
En Madrid, los organizadores acusaron a la Comunidad de Madrid de «obstaculizar de forma sistemática el trabajo de las clínicas». En este sentido, la Consejería de Sanidad exigió a las citadas clínicas que «cumplan la ley». Al respecto recordó que los siete centros autorizados acumularon 208 reclamaciones y denuncias en 2007: diecisiete al mes.
La directora general de Inspección de Sanidad, Patricia Flores, sostuvo que entre las «graves irregularidades» detectadas figuran «posible falseamiento de los informes psiquiátricos y del libro de quirófano, destrucción de historias clínicas, informes firmados en blanco y emisión de informes psiquiátricos por una persona que no era psiquiatra», entre otras.
