La agrupación política La Fortaleza de Santa Lucía denunció esta semana la «política de personal» llevada a cabo por el alcalde del citado municipio del sureste, Silverio Matos, que en este mes de octubre fue condenado por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Las Palmas por vulnerar los derechos fundamentales de un delegado sindical.
Obligado a readmitir en su puesto de trabajo e indemnizar al médico Pablo Rodríguez Monroy -representante de la Sección Sindical de UGT en el Ayuntamiento y miembro de la Junta de Personal-, Matos se encontró con dicha condena después de obligar al citado representante a que se afiliase a su partido, Nueva Canarias, una acción que no ha tardado mucho en ser recriminada por la oposición.
«Desde La Fortaleza de Santa Lucía, denunciamos y repudiamos la política de personal llevada a cabo por el Alcalde Silverio Matos y su grupo de gobierno, que pretenden realizar un férreo control de los trabajadores municipales», recalca dicho partido en una comunicado de prensa. Una misiva que deja entrever gráficamente los parámetros municipales con un claro «estás contra mí» cada vez que se realizan, según el concejal en la oposición, Santiago Rodríguez «aportaciones distintas».
«En estos tiempos tremendos de crisis económica no se puede ser más insensible», subrayó Rodríguez, el cual desglosó de manera nítida los «pecados capitales» de Matos en esta parcela: «Intencionadamente se dejan de realizar contratos de sustitución del personal que se encuentra en situación de baja médica; se deja de contratar a muchos profesionales del municipio por cierre de programas básicos». En este sentido, Rodríguez incidió en la necesidad de que «se restaure la legalidad, que se cumpla la sentencia judicial, y que sea readmitido de inmediato Pablo Rodríguez, ante la necesidad urgente de poder contar con sus servicios en una de las poblaciones que presentan en la actualidad una mayor incidencia de gripe A.
