MARÍA JESÚS CAÑIZARES
BARCELONA. La Generalitat quizo zanjar ayer la polémica sobre los informes encargados a dedo con una comparecencia voluntaria del conseller Antoni Castells en el Parlament. Pero en la sesión hubo sorpresas. Entre ellas, la existencia de un estudio sobre el grado de afinidad de los periodistas al tripartito y otro sobre buenas prácticas en la administración elaborado, atención, por un implicado en el «caso Millet». Y coincidiencias: uno de los tres auditores de esos informes, Gabinet T_cnic d´Auditoria i Consultoria, S. A., también analizó las cuentas del Palau de la Música entre 2005 y 2008.
El 16% de los estudios encargados por el tripartito en 2007 presenta irregularidades relacionadas con el precio, la utilidad o la adjudicación a personal externo a la Generalitat. Así lo revela el informe que el Interventor General ha realizado en base a la auditoría que el Govern encomendó, después de que ABC destapara que algunos de esos trabajos no estaban justificados o habían sido asignados a personas afines con PSC, ERC e ICV. El caso está en manos de la Fiscalía. El resultado de esa auditoría fue presentado por el conseller Castells. Pese a esas «incidencias», según la terminología de los técnicos, Castells dijo que «no hay ninguna ilegalidad que sea objeto de actuación administrativa o penal» y que esas anomalías «entran dentro de lo razonable».
Durante 2007, la Generalitat encargó 2.469 informes, pero la auditoría se basa en una muestra de 300. Para ello se seleccionaron los estudios en área de riesgo, es decir, aquellos cuyo precio oscilaba entre 11.000 y 12.000 euros y que podían encargarse sin concurso público, y los que costaron más de 12.000 euros, pero en los que tampoco medió convocatoria pública por razones legales. Un total de 49 informes tenían incidencias, 10 en el precio (3,3%); 29 eran de dudosa utilidad (9,6%) y 27 no justificaban el pago a personal externo a la Generalitat (9%). El Ejecutivo aprobará una normativa consistente en delimitar el contenido de la partida presupuestaria de estudios y dictámenes; requerir la intervención de un evaluador externo que verifique al precio del estudio; elaborar un informe sobre la utilidad y crear un registro de todos los estudios.
Las explicaciones del conseller no satisfacieron a la oposición. El diputado de CiU, Jordi Turull, reprochó a Castellsque en época de crisis, quite importancia a lo ocurrido «mientras la sociedad clama por la tolerancia cero ante el mal gasto público»
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