N. COLLI
MADRID. La fiscal encargada del 11-M, Olga Sánchez, rechazó ayer que se practiquen nuevas pruebas sobre el explosivo utilizado por los terroristas islamistas para volar los trenes pues, lejos de servir al esclarecimiento de los atentados, sólo dilatarían el procedimiento. Esta es la tesis que defendió la Fiscalía durante la vista del recurso de apelación presentado por una de las acusaciones contra el auto con el que el juez Juan del Olmo denegó en su día la práctica de esas diligencias. En respuesta a las reclamaciones del abogado recurrente -que representa a ocho víctimas-, la fiscal aseguró que «la primera interesada en que se conozca toda la verdad sobre los atentados es la Fiscalía».
La Audiencia Nacional celebró también la vista del recurso planteado por el Ministerio Público contra la decisión del juez de procesar a Basel Ghalyoun sólo por un delito de pertenencia a organización terrorista y no como autor material de la colocación de las bombas. La fiscal insistió en la existencia de indicios suficientes sobre la presencia en los trenes de este procesado, que ha sido identificado en fotografía por una testigo. Del Olmo rechazó procesarle como autor directo de la colocación de las mochilas-bomba porque esa misma testigo no corroboró la identificación cuando Ghalyoun fue sometido a una rueda de reconocimiento. La fiscal sostiene que esa segunda identificación no fue posible por el «sustancial» cambio de aspecto que ha experimentado el procesado, mucho más gordo ahora que en la fecha del atentado.
Por otra parte, la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha remitido al fiscal las copias de los informes que el pasado miércoles por la noche fueron entregados a los vigilantes del tribunal por un mensajero. Según «El mundo», los informes fueron manipulados por la Policía para ocultar la relación de ETA con el 11-M. Fuentes fiscales señalaron que analizarán los documentos y emitirán un informe la próxima semana.
