ABC Soraya Sáenz de Santamaría, secretaria de Política Autonómica del PP
El Ministerio de Administraciones Públicas ha convocado para hoy una reunión de la comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo con el objetivo de aprobar más medidas con las que evitar conductas reprobables en las corporaciones locales. El texto -que será aprobado por todos los partidos que suscribieron el pacto- surge de un informe del Gobierno socialista, al que se han añadido las propuestas del Partido Popular, única fuerza política que presentó alegaciones al documentos del Ministerio de Administraciones Públicas.
Así, a iniciativa del PP, los partidos se comprometen a elaborar un informe para estudiar la prohibición de presentar mociones de censura durante el primer y último año de mandato municipal. Como principales novedades, el documento del Gobierno establece que se considere también transfuguismo el hecho de mantener mayorías de gobierno con concejales que abandonen la fuerza política por la que fueron elegidos, al tiempo que crea una comisión de expertos cuya misión será determinar si un caso es o no transfuguismo, en el supuesto de que los partidos integrantes del pacto no se pongan de acuerdo en una valoración unánime.
La redacción final -como quería el PP- establece el número de miembros que deben componer dicha comisión de expertos, su forma de nombramiento, los asuntos sobre los que están obligados a pronunciarse y el método para adoptar sus resoluciones. El acuerdo que se suscribe hoy no tendrá efectos retroactivos.
Otra de las medidas importantes del texto señala que la remisión al Ministerio Fiscal de los casos de transfuguismo que la comisión de seguimiento considere que pudiera incurrir en algún fin ilícito deberá ser acordada por una mayoría cualificada de dos tercios de sus miembros.
Por último, el documento final refleja la necesidad de diferentes modificaciones legislativas para el cumplimiento del acuerdo, como recomendó tanto la Abogacía del Estado como la Agencia Española de Protección de Datos, cuyos informes fueron solicitados a propuesta del populares. El Partido Popular había mostrado serias dudas sobre la necesidad de modificar determinadas leyes con el objetivo de poder aplicar el pacto, algo que ha aceptado el Gobierno.
