MADRID. «Si el ministro dice que le han pegado, le han pegado y eso no se cuestiona». Esa fue la respuesta del máximo responsable de la Brigada de Información de Madrid, R. R. a su subordinado, el inspector jefe J. F., ahora imputado por detener a dos militantes del PP tras la supuesta agresión al ministro de Defensa en la manifestación de la AVT. La elocuente réplica se produjo el lunes 24 de enero en la sala de televisión de la Brigada después de que J. F. le dijera al comisario: «Jefe, no se ve nada», mientras visionaban las cintas de Telemadrid y Tele 5 de la citada manifestación.
Así consta en la declaración judicial a la que ha tenido acceso ABC prestada el pasado viernes por el inspector jefe J. S., primer instructor de las diligencias del «caso de la manifestación». J. S., que era jefe del grupo de terrorismo islámico, estaba de guardia el día de los hechos (22 de enero) y bajo las órdenes directas de J. F., jefe de sección de Social y Laboral en la Brigada, que acabaría siendo el tercer instructor del caso y que ha sido denunciado por los dos afiliados del PP por detención ilegal y violación de derechos fundamentales. J. F. también estaba de guardia ese fin de semana.
El ex jefe del grupo de terrorismo islamista explicó ante el juez lo que ocurrió la tarde y noche del sábado 22 de enero y los días posteriores. Estaba de retén esa tarde y acudió a la manifestación con dos policías y otro inspector en prácticas. Según declaró, no vio «ninguna agresión y así lo hizo constar en sus diligencias»; «no había motivos para detener a nadie en opinión de los policías que se encontraban allí» -él incluido-. Además, añadió que cuando visionó las cintas de forma oficiosa «se ratifica en la primera declaración que hizo». J. S. habló durante toda la tarde y la noche con su superior, el jefe de Laboral y Social, a quien dio cuenta de lo ocurrido, incluido que Bono se marchó de la manifestación por «una opción personal» y que «si hubiera querido volver -como hizo la eurodiputada Rosa Díez-, la Policía estaba en condiciones de haberlo protegido».
A las 21.30, ya en la Brigada, su jefe (J. F.) le dice que además de la nota informativa sobre lo ocurrido abra diligencias en las que él actúa como instructor y el policía que le acompañaba como secretario. Primero elaboró la nota informativa porque «no había urgencia de detenciones o de investigaciones», aclara. Ya el lunes, el máximo responsable de la Brigada le pregunta cómo andaba de trabajo y él le responde que «estaba agobiado». El comisario le replica que haga un traspaso al grupo de laboral, «una práctica habitual». Desde ese momento y hasta que las diligencias acaban en el tercer instructor, el jefe de Laboral ahora imputado, el inspector jefe declara que se entera de que han cesado al segundo instructor -H. C., quien se negó a detener a los militantes populares y aseguró al juez que sus diligencias policiales «habían sido rehechas»-, por rumores en toda la Brigada.
Lo que no fue un rumor sino una orden dada por su superior el lunes 24 es que debía firmar su comparecencia. Insistió en que ya lo había hecho, pero le dijeron que «se le había dado otra forma distinta para que no compareciera ante sí mismo» (otra práctica habitual que en este caso resultó no serlo para que el caso llegara a manos de J. F., que ha acabado imputado).
J. F., el tercer y último instructor, declaró ante el juez el 18 de marzo que «le tocó ser inspector del expediente por casualidad, por estar de jefe de servicio de guardia ese fin de semana». El primer instructor explicó al juez, sin embargo, que si hubiera sido J. F. «el único indicado para hacer las diligencias por ser el jefe máximo del retén también lo habría sido para hacer otro tema de terrorismo que no hizo». El declarante se ocupó de ambos temas.
