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La nueva Monarquía

La Boda Real invita a la reflexión sobre la evolución y el futuro de una Institución que se ha transformado en aspectos esenciales, aunque prendida a la continuidad dinástica

Actualizado 23/05/2004 - 02:01:23

El Príncipe de Asturias ha sellado la continuidad institucional con su matrimonio, un acontecimiento de calado social e histórico que replantea algunas cuestiones sobre una posible evolución del papel de la Monarquía, ahora que el Gobierno ha puesto sobre la mesa la reforma del Título II de la Constitución referido a la Corona. El momento invita a una reflexión intelectual y jurídica sobre cuestiones claramente establecidas a la luz del Derecho, pero aún puestas en entredicho desde algunas trincheras de la involución o del republicanismo periférico. Cuatro prestigiosos profesores explican a ABC qué es la Monarquía del siglo XXI, frente a cuestionamientos sobre el supuesto carácter antidemocrático de la Institución esgrimidos por los sectores republicanos, y la presunta vigencia de normas dinásticas internas invocada (cada vez con menos fuerza) por los llamados «legitimistas». A un tiempo, hay coincidencia en que el consenso social sobre la necesidad de terminar con la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión tendría cumplida y sosegada respuesta si la reforma constitucional necesaria para ello se pusiera en marcha en el momento de disolución de las Cortes, al cierre de esta legislatura.

Monarquía constitucional, Monarquía parlamentaria

Para el análisis hace falta, en primer lugar, un pequeño esfuerzo didáctico de terminología: la Monarquía de Juan Carlos I es en su propia esencia diferente de todas las anteriores (por remitirnos al más reciente ejemplo, a la de Alfonso XIII) porque se trata de la primera Monarquía parlamentaria de la historia de España. No constitucional, como la de su abuelo. Una Monarquía constitucional responde a un modelo superado según el cual el Rey tiene atribuciones legislativas y ejecutivas. El historiador y académico Miguel Artola pone en claro este punto: «Hay dos formas de monarquía, con minúscula porque es la descripción de una forma de gobierno: la parlamentaria y la constitucional y tres decisiones políticas que las distinguen: la confianza para gobernar, la sanción de la ley y la disolución anticipada de las Cortes. En la primera el candidato se somete a la investidura de las Cortes, la sanción es un trámite obligado y la disolución es una iniciativa del presidente del Consejo. Por eso Alfonso XIII fue cabeza de una Monarquía constitucional y Juan Carlos I lo es de una parlamentaria».

Gregorio Peces-Barba, rector de la Universidad Carlos III y ponente de la Constitución abunda en esa idea: «La Monarquía nacida en 1978 carece de poder legislativo, ejecutivo y judicial. Es el más alto órgano del Estado y el centro de imputación de las decisiones, pero de las decisiones que toman otros. Desde este punto de vista, las críticas republicanas que servían para la Monarquía de Alfonso XIII, no valen para la de Don Juan Carlos. Ahora no existe el motivo central de aquellos antiguos reproches, basados en que el poder lo ejerce quien no ha sido elegido democráticamente. Simplemente, porque el Rey no tiene el poder. Ahora resulta del todo inexacto decir «el Gobierno de Su Majestad», porque ya no es así».

Para el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Pedro González-Trevijano, la Monarquía representa en el siglo XXI «el papel de una ejemplar institución que ha sabido acomodarse de forma acertada a los nuevos tiempos, en cuanto que Monarquía moderna, plenamente compatible con un régimen constitucional democrático como el que disfrutamos. Del que, no olvidemos, fue en su momento el Rey el principal impulsor durante los años de la transición política, además de haber restablecido el orden constitucional el 23 de febrero de 1981». Poco tienen que ver los postulados de hoy, ilustra González-Trevijano, y los de la Constitución de 1876, «que era la vigente durante la Monarquía de Alfonso XIII. Ese texto legal no prescribía una estricta Monarquía parlamentaria como la presente, sino una Monarquía constitucional limitada. Es decir, una monarquía que había iniciado ya un imparable proceso de democratización, con una paulatina restricción de las prerrogativas del Monarca, pero que aún conservaba ciertas competencias destacadas, y que durante algunos años, además, ejerció directamente el propio Alfonso XIII: iniciativa legislativa, derecho de veto de las leyes, facultad de disolución de las Cortes, nombramiento del Gobierno, etcétera. Hoy las competencias del Jefe del Estado son las propias de una estricta Monarquía parlamentaria, donde la soberanía reside sólo en el pueblo español, y por eso se dice que el rey no goza de potestas, aunque disfrute deauctoritas; o, en otras palabras, el rey reina, pero no gobierna, pues esto lo hace el Ejecutivo con el respaldo del Parlamento. En una monarquía parlamentaria caben sólo las atribuciones reconocidas en ella: arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones y servir de símbolo de la unidad y permanencia del Estado, como se recoge en el artículo 56.1 de la Constitución».

Debido a esta abismal distancia, dependerá del tipo de Monarquía de la que hablemos el que la institución sea un factor de estabilidad o no. En ese sentido, recuerda Miguel Artola cómo «Isabel II y Alfonso XIII orientaron la acción política mediante la designación de presidentes del Consejo y la disolución anticipada de las Cortes. El poder y la responsabilidad son las dos caras de una moneda. Después de mucho tiempo la revolución acabó con la dinastía, en el primer caso, y con la monarquía en el segundo». Más difuso ve sin embargo su papel como factor de cohesión en momentos de auge de los nacionalismos porque «los movimientos nacionalistas, excepto los republicanos, han contemplado en ocasiones la existencia de la Corona al frente del Estado, pero no han ofrecido, que yo sepa, ninguna descripción de sus funciones».

¿Por qué sobrevive la Monarquía?

La comparación del mapa de las Monarquías europeas de principios del siglo XX con el actual, en el que muchas naciones han evolucionado a Repúblicas, podría hacer pensar que la Historia camina de forma irremisible hacia su desaparición. Este planteamiento suscita en Miguel Artola una interesante reflexión: «La Corona británica dejó de ejercer como monarquía de tipo constitucional a finales del siglo XVIII y no ha pasado por ninguna crisis. En otros países, cuando las políticas inspiradas por la Corona no dieron los resultados prometidos (como la derrota militar en la I Guerra Mundial), o la práctica del sistema político se alejó de la opinión, las revueltas populares llevaron a la república. No es, por tanto, un movimiento irreversible, aunque no hay caso como el de los Borbones, que lograron la restauración dinástica en tres ocasiones: 1814, 1874 y 1978». Gregorio Peces-Barba resume lo que se infiere de las consideraciones de Artola: «Sobreviven las que son parlamentarias y han dejado de ser constitucionales. El Rey ahora no es Soberano, salvo en lo que atañe a la organización de su propia Casa. Alguien ha querido ver un resquicio de capacidad ejecutiva en el hecho de que el Rey proponga al candidato a presidente del Gobierno, por aquello de que frente a un aspirante que sea el más votado puede haber otro que tenga garantizados los apoyos para gobernar. Don Juan Carlos me consultó en cierta ocasión sobre este particular y le dije que lo oportuno es tener como criterio homogéneo e inamovible la votación, de modo que el más votado sea siempre el primero que el Rey proponga». Sin embargo, a esta falta de capacidad ejecutiva del Rey aporta Peces-Barba un matiz muy interesante: «Una circunstancia especial, la del 23-F, ha creado la costumbre constitucional a la posibilidad de que el Rey tome las prerrogativas de los órganos del Estado en caso de que éstos no puedan ejercer sus poderes. Con el claro condicionante de quesi el Monarca mantuviera el poder fuera de ese momento único y exclusivo quedaría deslegitimado». Por eso concluye que la institución es, hoy en día, «más un punto de referencia, porque queda al margen del debate político, que un elemento de cohesión, porque el elemento de cohesión máximo y esencial en un sistema parlamentario es el pueblo considerado en su conjunto, de modo que resulta inaceptable que sólo una parte de él pueda invocar un ámbito de decisión propio en los temas fundamentales».

Cambiar la Constitución: la cuestión sucesoria

Para Peces-Barba, el matrimonio del Heredero «no supone ninguna modificación del papel de la Institución, sino un reforzamiento, en tanto en cuanto la continuidad es una dimensión inherente a la Corona, y este hecho viene a propiciar esa continuidad». Planteamiento coincidente con el de González-Trevijano: «Una de las características más propias de la Monarquía consiste, precisamente, como decía Karl Friedrich, en que la sucesión a la Jefatura del Estado se produce siempre sin traumatismos y de forma inmediata y automática, algo que se arbitra a través del acceso al trono del Príncipe Heredero. Algo que sucederá, indefectiblemente en su momento. Y para ello es pertinente el previo matrimonio de Don Felipe».

Todos consideran necesario abordar pronto la modificación del Título II de la Constitución para anular la preferencia del varón en el orden sucesorio, sin que, según su criterio, ello suponga riesgos: «El Título de la Corona -comenta Peces-Barba- tiene protección reforzada, de modo que, en efecto, hay que disolver las Cortes para cambiarlo. Después de unas elecciones en las que se plantee esa propuesta (como es actualmente el caso) lo lógico es ponerla en marcha al final de la legislatura, en el momento de disolución de las Cámaras. La Constitución en el momento de su elaboración se limitó a recoger la tradición de la Corona de España, pero hoy la sociedad demanda la reforma». González-Trevijano recuerda que, aunque no es asumible la discriminación de trato de la mujer, «hay que hacer dos previas precisiones. La primera, que en la España actual no hay vigencia de la llamada Ley Sálica, ya que las mujeres pueden no sólo transmitir sus derechos dinásticos, sino además reinar; baste como ejemplo el caso último de la Reina Isabel II. Y, la segunda, que el actual orden sucesorio de la Constitución de 1978 era el propio, entonces, del Derecho histórico español, con las salvedades de la Constitución de Bayona de 1808 y la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947. Por todo ello, su implantación, en el momento de elaborarse la Constitución, no suscitó polémicas de ninguna naturaleza. Pero es lógico que una sociedad moderna e igualitaria proceda ahora a esa reforma».

Sobre este asunto, Miguel Artola esboza otro apunte histórico: «La sucesión dinástica estuvo determinada por dos principios: el parentesco y la capacidad. A falta de varón, la mujer sucedía pero comunicaba el poder a su marido, que iniciaba una nueva dinastía. Isabel I fue una excepción, en tanto que la Reina de Inglaterra del mismo nombre no contrajo matrimonio para conservarlo y Cristina fue proclamada «rey de Suecia». Desde el momento en que se reconoció la capacidad de la mujer, reflejada en la figura del «rey consorte», la preferencia del varón no se justifica».

Pero, ¿qué pasaría si en los próximos tres años (antes de que se lleve a cabo la reforma) los Príncipes de Asturias tuvieran dos hijos, niña la primogénita y varón el menor, sin que la reforma se hubiera llevado a cabo aún? ¿Habría que hacerla con carácter retroactivo, con el riesgo que ello supondría para los derechos adquiridos del propio Don Felipe en relación con las Infantas Doña Elena y Doña Cristina? En ese caso, según Peces-Barba, «es de sentido común que al estar planteada previamente la voluntad de llevar la reforma a cabo, tiene menor peso que el cambio se concrete formalmente a posteriori. Se trataría de actuar con lo que se llama «un velo de ignorancia sobre los intereses prácticos», de modo que no sería una norma con «carácter retroactivo», sino un mero cambio de legislación». González-Trevijano dice que «la irretroactividad sólo está completamente proscrita en el ámbito penal, pero éste no es el presente caso (artículo 9. 3 de la Constitución de 1978). Se podría hacer porque se corresponde con la demanda social y no hay impedimento jurídico». Sin afectar, por supuesto, a los derechos del Príncipe, pues, en opinión del catedrático de Derecho Constitucional de la UNED Antonio Torres del Moral «el fin superior de la igualdad justificaría la reforma y no incidiría del mismo modo en esos hijos menores que en el Príncipe de Asturias, quien ocupa una posición consolidada porque, al llegar a la mayoría de edad, fue ratificado como Heredero por las Cortes».

Torres del Moral refresca la historia reciente: «Cuando los ponentes de la Constitución estaban trabajando en su elaboración brotaron ligerísimas y fugaces protestas a este respecto. Y hubo una muy interesante enmienda del senador Villar-Arregui para que se designase Heredero al primogénito, a partir de Don Felipe, independientemente de su sexo, pero no prosperó». El Príncipe de Asturias, comenta Torres del Moral, apoya plenamente ese cambio legislativo: «En un encuentro que mantuvimos, Don Felipe nos manifestó que lo razonable es que eso cambie en el futuro y que hombres y mujeres queden igualados en sus derechos sucesorios».

¿Conservan alguna vigencia las leyes dinásticas internas?

Antonio Torres del Moral ha analizado en su libro «Limitaciones de la autonomía del Príncipe Heredero» los condicionantes específicos de Don Felipe, a la luz del Derecho comparado. Como factor común, son los dictados constitucionales de cada nación los que marcan la pauta de las obligaciones institucionales de los Reyes y sus familias, como corresponde a ámbitos en los que, felizmente, se ha pasado del anquilosado concepto de «súbditos» al de «ciudadanos». Por ello no es razonable, según Torres del Moral, invocar a estas alturas la célebre Pragmática de Matrimonios dictada por Carlos III el 3 de marzo de 1776 y cuyo propósito esencial era impedir que los enlaces «desiguales» interfirieran en la sucesión. Establecía esa ley que quien contrajera matrimonio morganático (con persona «desigual») había de renunciar a sus derechos para sí y para sus descendientes. Esto, en aquellos momentos históricos (finales del XVIII) en los que una alianza matrimonial podía cambiar el mapa de Europa y desactivar el poder de un Reino tenía un sentido que hoy en día, obviamente, ha desaparecido.

Pero, además, la Constitución de 1978 «es plenamente normativa, tal y como han refrendado el Tribunal Constitucional y el Supremo. No hace falta que una ley concreta sea mencionada en su disposición adicional derogatoria para que quede anulada. Basta con que contradiga el espíritu de la Carta Magna. Y la Pragmática es anticonstitucional porque consagra la desigualdad, lo que vulnera el artículo 14 de la ley de leyes». «No se puede argumentar -prosigue Torres del Moral- sobre la base de un texto legal dictado por un Monarca absoluto, como Carlos III, en el seno de una Monarquía parlamentaria como la actual. Si el Rey no puede hacer leyes, ¿cómo va a estar en vigor una normativa emanada de otro Rey en el siglo XVIII?».

Sin embargo, no falta razón a los denominados «legitimistas» cuando hacen notar que, al margen de la lógica evolución histórica y legal del papel de los Monarcas, los Borbones reinantes en España han respetado siempre escrupulosamente los dictados de la Pragmática. Ejemplo son los casos últimos de Don Juan Carlos y de su padre, el Conde de Barcelona. De hecho, Don Juan fue el tercer hijo varón de Alfonso XIII y, si recayeron en él los derechos sucesorios fue por las renuncias de Alfonso, Príncipe de Asturias, y del Infante Don Jaime, por sus respectivos matrimonios «morganáticos». Para Torres del Moral, sin embargo, «una cosa es la opción personal de atenerse a la Pragmática y otra el relieve jurídico que eso tenga hoy. Si, por íntimas convicciones, el Príncipe de Asturias hubiera decidido respetarla, ese hecho sería indiferente a efectos legales. No tiene ninguna fuerza jurídica, ni siquiera consuetudinaria, algo que es contrario a la Constitución. La actual Monarquía es diferente a la anterior en su propia esencia, aunque exista continuidad dinástica. El Rey está refrendado y sustentado sólo por la Constitución».
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