El daño de Otegi
No sé aún por qué una persona elegida válidamente en las urnas, puede, a su antojo, hacer tanto daño a su país. No sé aún por qué una persona, imputada de enaltecimiento al terrorismo, puede quedar en libertad sin cargos. ¿Esto es gobernar? ¿Esto es justicia? Mientras se persigue a los que fuman, beben, no se ajustan el cinturón del coche, a los que exceden de 120 Km/h en la carretera, venden grandes hamburguesas o consumen mucha agua en la ducha diaria se está cometiendo el mayor despropósito que nunca se vió. Con tal de mantenerse en el poder, ¿es todo válido? Esta política que desgraciadamente vivimos termina por convertirse en una mezquindad. Y su autor pasará a la historia por ello.
Ignacio Caballer Aranda
Madrid
Foro Ermua
Parece que ha habido gente recogiendo firmas para que el Foro Ermua cambie de nombre y abandone el de esta vizcaína villa. No sé si pretenderán también que el conocido «espíritu de Ermua» mude de denominación. Hay algo de incultura paleta en todo esto, además de no muy buena intención. Si olvidamos los topónimos, la historia se nos desvanece entre las manos como si fuera humo: qué sería del Tratado de Roma, o del de Maastricht, o del síndrome de Estocolmo.
Los que recogen las firmas se quedarían sin el Acuerdo de Lizarra-Garazi, más conocido por Pacto de Estella. El Pacto de Ajuria Enea también tendría algún problema más. La Primera Guerra Mundial no se habría cerrado sin el Tratado de Versalles. La Declaración de Alma-Ata tiene su miga. Los Acuerdos de Camp David, Oslo, El Cairo o de Taba, la Conferencia de Madrid y el Memorandum de Sharm-el-Sheikh, todos sobre Oriente Medio. La Conferencia de Yalta o de Postdam en la Segunda Guerra Mundial... el espacio en esta sección no da más de sí, pero la Historia es la Historia y todo lo que ocurrió en Ermua y sobre Ermua, en julio de 1997, tiene un lugar destacado en la Historia, que algunos desearían borrar por cualquier medio y a cualquier precio.
Fernando Sánchez
Bilbao
Ley de Propiedad Intelectual
He leído con sorpresa y un cierto desánimo el comentario del columnista Manuel Martín Ferrand, bajo el título «La tasa del carterista». El comentario es un ataque directo a los partidos políticos que refrendaron unánimemente la nueva Ley de Propiedad Intelectual, votada -según el articulista- «en la ignorancia de la realidad». El artículo es, sobre todo, una concatenación de insultos y agravios a las sociedades gestoras de derechos, a las que se sitúa moralmente por debajo de los carteristas profesionales.
Por supuesto que Martín Ferrand es muy libre de proferir descalificaciones e insultos a su antojo. Pero como periodista debería fundamentar sus comentarios. Y un principio periodístico es el respeto a los datos objetivos. La columna, al margen del chascarrillo y las gravísimas descalificaciones, sólo ofrece un dato: que las entidades gestoras reclaman un canon de 90 euros para los iPod de 30 gigas. No sé de dónde habrá sacado el dato el columnista, pero lo que las sociedades gestoras están solicitando para ese dispositivo mp3 (que vale por encima de los 300 euros y que tiene capacidad para almacenar más de 10.000 obras) es la cantidad de 4,70 euros. Huelga el comentario ante la abismal diferencia entre el dato presentado y el real.
El asunto del canon por la copia privada ha desatado una campaña demagógica, a cuyo carro se han subido elementos de muy diverso signo. Lamento que un veterano periodista como Martín Ferrand se haya sumado a ese confuso coro y que un diario de la solvencia de ABC ofrezca su espacio a comentarios tan viscerales y fundados en datos tan alejados de la realidad.
Antonio Rojas
Jefe de Prensa de la SGAE
Matización sobre
la eutanasia
El día 16 de marzo apareció en ABC, respecto al caso de Inmaculada Echevarría, «La tercera opción es presentar el suceso como un caso de eutanasia, tal y como se obstina la Asociación Derecho a Morir Dignamente». Quiero mostrar la total falsedad de esta afirmación reproduciendo dos comunicados realizados por esta asociación los días 18 de octubre de 2006 y 15 de marzo de 2007, respectivamente:
-La desconexión de un respirador a un paciente irreversible que lo solicita es una limitación del esfuerzo terapéutico considerado una buena práctica médica no tipificada en el Código Penal, porque la causa «necesaria y directa» del fallecimiento no es la suspensión del tratamiento, sino el proceso de enfermedad grave e irreversible, debiéndose llevar a cabo con las garantías asistenciales propias del sistema público de salud. La ventilación mecánica, como la alimentación artificial o cualquier otra medida de soporte vital exige del consentimiento del paciente, pudiendo éste rechazarlas si es ésta su voluntad y conoce las consecuencias de su decisión.
-La desconexión de un respirador no puede ser considerado en ningún caso una eutanasia, sino la renuncia a un tratamiento o la limitación del esfuerzo terapéutico, derechos reconocidos en la ley para todos los ciudadanos. Sorprende que personas de relevancia social o religiosa, que no aprueban la decisión de Inmaculada, mezclen sus creencias con los argumentos y hablen de eutanasia, echando por tierra el laborioso trabajo que desde hace décadas viene realizando la bioética para distinguir entre dejar morir y ayudar a morir. Calificar la desconexión del respirador de Inmaculada como eutanasia es fruto de la ignorancia, del fanatismo o de la mala fe.
César Caballero
Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente
