El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por la Generalitat Valenciana contra el Real Decreto Ley de modificación de la Ley del Plan Hidrológico Nacional que derogaba los artículos referentes al trasvase del Ebro. Esta decisión se suma al mismo planteamiento realizado por el TC a otro recurso del Gobierno regional de Murcia sobre la misma cuestión. La Justicia ha dictaminado un plazo de quince días para que el Gobierno pueda presentar alegaciones y personarse en el proceso.
El recurso fue presentado en el mes de julio por considerarse que la derogación del trasvase del Ebro, incluida en el citado Real Decreto Ley, vulneraba diversos artículos de la Constitución. Por ello, el citado recurso se basa en «la solidaridad entre territorios y la defensa de igualdad entre los españoles».
El documento se basa fundamentalmente en la defensa de principios como el de la solidaridad entre territorios y la defensa de igualdad entre los españoles, además de añadir que estar en contra del trasvase del agua del Ebro es «estar en contra de los intereses de la Comunidad Valenciana»
El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, casualmente ayer en Madrid, no escondió su satisfacción y declaró que «hoy -por ayer- es un gran día para los que defendemos el trasvase del agua del Ebro, para los que defendemos nuestro futuro».
El dirigente popular destacó que el trasvase «es el aprovechamiento de un recurso natural fundamental para nuestra Comunidad, que, además, forma parte de ese principio constitucional de la solidaridad entre todos y que es necesario para el presente y futuro de la Comunidad Valenciana».
Por su parte, el conseller de Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón, manifestó su satisfacción al conocer la decisión del Tribunal Constitucional, ya que «esto empieza a confirmar que la derogación del trasvase del Ebro por parte del Ministerio de Medio Ambiente se ha realizado sin razones de urgencia que la justificara y contra el principio de solidaridad de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana».
García Antón resaltó que desde el Gobierno Valenciano existe una «confianza plena» en que al final el alto tribunal dará la razón «a quienes estamos denunciando la falta de diálogo, la arbitrariedad y el radicalismo de la Ministra de Medio Ambiente», aunque también lamentó que «por desgracia ya habremos perdido un tiempo valioso para garantizar el futuro hídrico de la Comunidad Valenciana».
El recurso fue presentado en el mes de julio por considerarse que la derogación del trasvase del Ebro, incluida en el citado Real Decreto Ley, vulneraba diversos artículos de la Constitución. Por ello, el citado recurso se basa en «la solidaridad entre territorios y la defensa de igualdad entre los españoles».
El documento se basa fundamentalmente en la defensa de principios como el de la solidaridad entre territorios y la defensa de igualdad entre los españoles, además de añadir que estar en contra del trasvase del agua del Ebro es «estar en contra de los intereses de la Comunidad Valenciana»
El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, casualmente ayer en Madrid, no escondió su satisfacción y declaró que «hoy -por ayer- es un gran día para los que defendemos el trasvase del agua del Ebro, para los que defendemos nuestro futuro».
El dirigente popular destacó que el trasvase «es el aprovechamiento de un recurso natural fundamental para nuestra Comunidad, que, además, forma parte de ese principio constitucional de la solidaridad entre todos y que es necesario para el presente y futuro de la Comunidad Valenciana».
Por su parte, el conseller de Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón, manifestó su satisfacción al conocer la decisión del Tribunal Constitucional, ya que «esto empieza a confirmar que la derogación del trasvase del Ebro por parte del Ministerio de Medio Ambiente se ha realizado sin razones de urgencia que la justificara y contra el principio de solidaridad de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana».
García Antón resaltó que desde el Gobierno Valenciano existe una «confianza plena» en que al final el alto tribunal dará la razón «a quienes estamos denunciando la falta de diálogo, la arbitrariedad y el radicalismo de la Ministra de Medio Ambiente», aunque también lamentó que «por desgracia ya habremos perdido un tiempo valioso para garantizar el futuro hídrico de la Comunidad Valenciana».
